El juez rechaza por segunda vez la investigación propuesta por David Dorado en el segundo caso Infraestructuras

El titular del Juzgado de Instrucción número dos de Córdoba, Arturo Vicente, ha vuelto a rechazar por segunda vez la investigación propuesta por el exconcejal David Dorado en el llamado como segundo caso Infraestructuras, una investigación que de momento ha naufragado.

Dorado, que fue detenido en el primer caso Infraestructuras, encargó una auditoría interna para conocer el método de contratación en el área de Alumbrado Público, cuando él era el concejal responsable. Esa auditoría llevó a la Fiscalía Provincial a pedir una investigación judicial, que ha recaído en el Juzgado de Instrucción número dos de Córdoba, que lleva ya casi un año y medio practicando diligencias. No obstante, y hasta el momento, el magistrado señala que no se han hallado indicios de delitos.

David Dorado ha pedido por dos veces que se amplíen las diligencias de investigación. En un inicio, reclamó incluso que se citara como testigo al actual alcalde, José María Bellido, por su responsabilidad en el año 2012 como concejal de Hacienda y miembro de la mesa de contratación municipal. Ahora, ha planteado ampliar la investigación a concejales de anteriores corporaciones, junto a otras iniciativas.

En un auto, al que ha tenido acceso este periódico, el juez rechaza la propuesta de dorado por cuatro razones. La primera es que “no se indica en ningún momento la razón de pertinencia de las mismas”, la segunda que “no se justifica” que se deriven de las iniciadas, la tercera que “exceden manifiestamente de los hechos que han sido objeto de denuncia por parte del Ministerio Fiscal” y la cuarta que “su complejidad puede provocar una dilación no deseable de la causa”.

El magistrado, claramente enfadado, escribe en mayúscula que debe recordar “una vez más” que “los hechos denunciados” tienen que ver con limitaciones a la libre concurrencia en las contrataciones del Ayuntamiento en el área de alumbrado. En este caso, insiste en que “no ha aparecido ni un solo indicio que informe de que ha tenido lugar una limitación de la libre concurrencia o el favorecimiento de determinadas empresas”. El juez sostuvo en un auto del pasado 7 de septiembre que el redactor de la auditoría se desdijo en su declaración y que con ello decayó prácticamente toda la causa.