Investigan si el guardia civil detenido amañaba contratos a cambio de contraprestaciones

La unidad de Asuntos Internos de la Guardia Civil sospecha que el sargento detenido la pasada semana acusado de amañar contratos de obras recibía “contraprestaciones” a cambio. Según la instrucción, el agente podría haber obtenido beneficios de las constructoras beneficiarias de los contratos a través de una asociación ornitológica de la que es titular, de la que controla la cuenta bancaria y que era patrocinada por las empresas sospechosas.

Según adelantó este periódico, el guardia civil fue detenido el pasado miércoles, en el marco de una operación especial en la que también se arrestó a un grupo de empresarios con el que, supuestamente, estaría conchabado. El agente era el responsable del área de recursos materiales de la Comandancia de la Guardia Civil en Córdoba y miembro del área de contratación. Estaría, por tanto, a cargo de las obras menores que se realizaban no solo en el cuartel de la Guardia Civil en Córdoba capital sino también de los diferentes acuartelamientos de la provincia.

La unidad de Asuntos Internos de la Guardia Civil investiga, en principio, los contratos formalizados a partir del 1 de enero del año 2022. Especialmente, se presta atención a los contratos menores y a los pagos por anticipo de caja fija. Se incide en la investigación que la Comandancia de la Guardia Civil en Córdoba recibió una aportación extraordinaria durante el año 2022 para la reparación de los innumerables desperfectos de las dependencias del instituto armado en la capital y en la provincia.

La investigación sospecha que este guardia civil era el encargado de formalizar las invitaciones a las constructoras para la infinidad de contratos menores firmados por la Benemérita en la provincia durante los dos ejercicios económicos que se investigan. Así, sostienen que “estaría favoreciendo a determinados grupos empresariales a cambio de contraprestaciones”. Estas se canalizarían a través de la asociación ornitológica de la que es presidente.

Una vez que se atacaron los cabos, la unidad de Asuntos Internos de la Guardia Civil remitió toda la documentación a la Fiscalía Provincial de Córdoba, que en enero formuló la denuncia correspondiente. El caso está en manos del Juzgado de Instrucción número seis de Córdoba, que es quien ha ordenado las detenciones y los diferentes registros domiciliarios que se llevaron a cabo el pasado miércoles de manera simultánea.

Ahora se está analizando la ingente documentación que ha sido recuperada por la Guardia Civil tras los registros y se está intentando determinar el alcance real de los presuntos amaños, además de comprobar las supuestas “contraprestaciones que habría recibido” el agente arrestado.

De momento, este guardia civil está acusado de los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, falsedad documental y cohecho. De la documentación incautada, la jueza titular de Instrucción número seis decidirá si se le amplía el número de delitos por los que está siendo investigado.