Un grupo de ecologistas lleva 18 años esperando un juicio por protestar ante una cancela que cortaba un camino público

El 14 de septiembre del año 2007 era un viernes más para un numeroso grupo de ecologistas, ganaderos y vecinos de Posadas. Como venían haciendo en los últimos fines de semana, acudían al conocido como camino de los Torilejos, una vía pecuaria de titularidad pública que estaba cortada por una valla. La familia Sánchez Ramade, unos empresarios muy importantes entonces pero cuya fortuna se vino abajo con la crisis inmobiliaria del año siguiente, había ordenado la instalación de la valla para evitar el tránsito junto a su finca privada. Desde hacía meses, pugnaba en los tribunales con estos grupos de ecologistas que reclamaban que la valla era ilegal y que debía retirarse.

Pero aquel viernes los manifestantes se encontraron con que la valla estaba protegida por un nutrido grupo de guardias civiles. Las defensas de varios de los ecologistas aseguran que a diferencia de protestas anteriores, los agentes no les estaban grabando, sino esperando. Y pronto comenzaron los disturbios. Los agentes protegieron la valla y pronto cargaron contra los manifestantes, que como cada día de protesta querían acudir lo más cerca posible. Las cargas policiales se extendieron por el campo, por casi todo el término municipal de Posadas y hasta dentro del pueblo. Incluso al día siguiente.

Aquella jornada acabó con detenidos y hasta guardias civiles heridos. Uno de ellos perdió un ojo. Uno de los arrestados fue desterrado de su pueblo por orden judicial y se tuvo que marchar a vivir a otro municipio cercano. El objetivo era que no siguiera alentando más manifestaciones. Este miércoles, 18 años después, está previsto que 15 de los detenidos se sienten por primera vez en el banquillo de los acusados. Lo harán en el Juzgado de lo Penal número 4 de Córdoba, en un juicio que debía haber comenzado hace años, pero que se ha ido retrasando y retrasando. Unas veces, por enfermedad de abogados. Otra, por recursos y recusaciones. También incluso por la falta de espacio para acoger a todos los acusados y sus abogados. E incluso por la no disponibilidad de micrófonos suficientes.

18 años después, los 15 de Torilejos se enfrentan a una pena de prisión que no supera los dos años de cárcel por cabeza. Se le acusa de delitos de desórdenes públicos, de atentado contra la autoridad y de lesiones. En este tiempo, uno de los guardias civiles heridos, y principal testigo de la Fiscalía, ha fallecido.

Lo que ocurrió en Posadas sí que tiene una condena, pero no por la protesta, sino por lo que pasó en un bar horas después, cuando la Guardia Civil acudió a identificar a varios de los sospechosos. Entonces hubo cargas y peleas, que acabaron con cuatro personas identificadas y posteriormente condenadas a entre 18 meses de cárcel y a tres años de prisión por atentado contra la autoridad. Esta sentencia llegó diez años después de los hechos. 

Las defensas reclaman la libre absolución

Tras 18 años procesados, con el horizonte de sentarse en el banquillo de los acusados y acabar siendo condenados, ahora los abogados de los ecologistas y vecinos de Posadas reclaman la libre absolución. No solo por las dilaciones del proceso, que también, sino por cómo se ha desarrollado.

Uno de los abogados de tres de los acusados es el letrado cordobés Javier Vilaplana. A pesar del tiempo que ha pasado y sobre todo teniendo en cuenta que el camino era público y la protesta, por tanto, defendía el interés general, el abogado sostiene que “no ha quedado definido quién atacó a quién”. Asegura que muchas de las identificaciones se produjeron por grabaciones anteriores, y no del día de los hechos, en el que hubo órdenes de no filmar lo sucedido por parte de la Guardia Civil.

También asegura que hubo una “extralimitación” policial ya que los agentes “cargaron sin motivo”. Además, sostiene que hubo agentes que presentaron las mismas lesiones tanto en los sucesos de la cancela como en los posteriores del bar, ya juzgados y condenados.

El caso ha llevado a dos vocales de la Sección de Vías Pecuarias del Consejo de Medio Ambiente de la Comunidad Castellana de Madrid, Hilario Villalvilla Asenjo y Luis de Andrés del Pozo, a presentar un escrito dirigido al Juzgado en el que se reclama la absolución de todos los acusados. El escrito asegura que “los vecinos encausados defendieron en todo momento la legalidad vigente en materia de defensa de la propiedad pública del suelo del Camino de dominio y uso público de Los Torilejos que había sido cerrado ilegalmente por el propietario de un predio particular” e incluso invoca a dos artículos de la Constitución, el 19 y el 45.

Los abogados han pedido la declaración como testigo del que entonces era subdelegado del Gobierno en Córdoba, Jesús María Ruiz, del PSOE. En su momento, este político fue reprobado por el Ayuntamiento de Posadas, junto al exalcalde Guillermo Benítez y al ex delegado de Medio Ambiente de la Junta, Luis Rey, todos socialistas.

Un camino público

El camino de Torilejos es una histórica vía pecuaria que une los pueblos de Posadas y Almodóvar del Río a través de Sierra Morena. Desde que el Tribunal Supremo le diese la razón a la administración, la cancela está desmontada y el camino abierto.

Actualmente, esta vía pecuaria sigue siendo utilizada por los ganaderos trashumantes de la zona, cada vez menos. Pero especialmente por senderistas y ciclistas, como un acceso al sotomonte de Sierra Morena y al entorno del embalse de La Breña II. Desde que se retiró no ha habido ningún incidente.