El falso cura del Valle de los Caídos admite que se quedó con dinero de la víctima de la Chica Carlota pero que no la mató

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba ha celebrado este lunes la primera sesión del juicio con jurado contra el falso cura del Valle de los Caídos - Pedro González- , en prisión provisional, y el abogado Joaquín Robles acusados de haber planeado y perpetrado el asesinato de Juan Carlos Rodríguez Borrego, un varón de 44 años y con esquizofrenia paranoide, en la aldea cordobesa de la Chica Carlota en septiembre de 2017. Ambos, que se enfrentan a la pena de prisión permanente revisable, han negado los hechos que se les imputan aunque el conocido como el falso cura sí ha reconocido que se apoderó del dinero de la víctima sin su consentimiento.

Antes de la declaración de los acusados, el magistrado José María Morillo Velarde ha trasladado el apercibimiento que Joaquín ha recibido de la Guardia Civil después de que, presuntamente, el procesado haya grabado con un teléfono móvil a testigos y a familiares de la víctima. Aunque el acusado ha negado los hechos, el magistrado le ha conminado a no usar sus teléfonos móviles, ya que llevaría dos, durante la celebración de la vista.

Durante esta primera sesión, el juez ha estimado una nueva prueba documental aportada por las abogadas de la acusación particular consistente en una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que confirma la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 7 de Madrid que, a su vez, desestimaba la demanda frente a la sanción que el Colegio de Abogado de Madrid impuso al J.R.G por incurrir en un conflicto de intereses porque “debió abstenerse de defender” al otro acusado “por ser abogado de la víctima” cuando el primero fue detenido.

El Ministerio Fiscal se ha sumado a la petición de incorporación de esta nueva prueba mientras que las defensas se han opuesto. El magistrado finalmente sí la ha admitido, aunque con efectos limitados, “ya que lo que esta sentencia acredita es que” Joaquín “era y fue en algún momento abogado” de la víctima. El Ministerio Fiscal y la acusación particular han mantenido sus calificaciones condenatorias. Por su parte, el abogado del letrado acusado, Andrés Córdoba, ha solicitado la libre absolución al igual que la defensa del principal acusado.

El conocido como falso cura ha negado que acabara con la vida de la víctima aunque sí ha reconocido que se apoderó de su dinero desde finales de septiembre dd 2017, fecha en la que le perdió la pista, aunque nunca denunció su desaparición ya que “pensaba que volvería” y daría explicaciones “sobre por qué se fue”. En su declaración ha dicho que en 2017 vivía en Madrid y trabajaba “en lo que iba saliendo” ya que estaba en búsqueda y captura por otros delitos, además de colaborar en parroquias y ser voluntario de Cáritas.

El primero en declarar ha sido Joaquín, quien ha manifestado que “siempre” contactó con la víctima por teléfono o correo y “que nunca” tuvo un contacto personal. Este modo de comunicarse, ha dicho, respondía siempre a petición de la víctima, quien le aseguró que “su correo lo veía más gente”. A preguntas de la acusación particular, ha asegurado desconocer que la víctima le pidiera no establecer contacto telefónico porque su expresión verbal “era limitada”, a pesar de que consta en uno de los correos que se intercambiaron.

La intención de la víctima, según el acusado, “era interponer una querella por presuntos abusos sexuales que habría sufrido” y le mandó un presupuesto. Después de varias conversaciones con la víctima, que le confesó que los presuntos abusos habían sido cometidos en el seno de la Iglesia Católica, contactó con el otro acusado ya que era en ese momento cliente al ser su abogado en otros procedimientos judiciales.

“Como él había tenido relación con la Iglesia y yo desconocía ese mundo”, lo puso en contacto con la víctima “para ver si le podía interesar como investigador” ya que, ha dicho, habló con varios detectives, quienes le ofrecieron presupuesto de unos 150 y 200 euros, cantidad a la que no podía hacer frente la víctima.

En total, durante la relación laboral profesional establecida entre la víctima y Joaquín, este recibió tres transferencias de las que el concepto de una de ellas hacía referencia a pagos para “provisión de fondos para el investigador”. A este respecto, la fiscal le ha preguntado el por qué de este nombre, a lo que ha respondido que ese dinero “era para él” ya que al otro acusado, quien iba a hacer las labores de detective, le pagaría la propia víctima. No ha sabido responder por qué el resto de transferencias no tenían este concepto.

Además, ha asegurado desconocer que el otro acusado, Pedro, se presentara con otro nombre, aunque anteriormente ha manifestado que, como la víctima pensaba que su correo lo veía más gente, “es posible que eso lo decidiera por miedo a que alguien lo controlaba”. Posteriormente, ha indicado que con el término “esa gente” hacía referencia a uno de los hermanos de la víctima.

Sobre iniciar o no un proceso judicial por los supuestos abusos sexuales que había sufrido, el acusado ha manifestado que le dijo a la víctima que “no tenía ni pies ni cabeza” y que “la querella no iba a ningún lado”. “Varias veces se lo dije”, ha enfatizado. Preguntado sobre si conocía que su cliente sufría una enfermedad mental por la que percibía una pensión de unos 1.500 euros, ha declarado desconocerlo a pesar de que la víctima le mandó una documentación que dejaba patente su incapacidad temporal y su pensión. Aún así, el acusado se ha acogido a que la enfermedad fue diagnosticada en “2011” según la documentación que tenía y entendía “que no tenía problemas mentales”.

Además de cursar una querella por supuestos abusos sexuales, el acusado ha dicho que la víctima también quería interponer otra contra uno de sus hermanos “porque le había hecho la vida imposible”, además de que dudaba de la muerte de su madre dado que “tenía sospechas de que alguno de sus hermanos había participado” en el deceso.

No era el intermediario entre la víctima y el “investigador”

En su declaración, el abogado ha asegurado que él no era “el intermediario” entre la víctima y el otro acusado, el llamado “investigador” y ha justificado sus casi 450 comunicaciones entre este último y él mismo en base a la “petición de indulto” que le iba a cursar respecto a otro delito que había cometido ya que, en aquel momento, aún eran abogado y cliente. Además, ha señalado que no es la primera vez que pone en contacto a varios clientes.

Por otro lado, ha apuntado que la familia de la víctima no se puso nunca en contacto con él aunque sí denunció dos amenazas por SMS que, supuestamente, provenían del entorno de la víctima. Sobre la capacidad económica de esta, el abogado ha afirmado que “por las apariencias de su vivienda” en la Chica Carlota y por su pensión, “no merecía la pena matarlo para quedarse con su dinero”.

Al término de su declaración, el magistrado le ha instado a traer todos los correos de los que el acusado disponga en su cuenta personal debido a las numerosas quejas que ha esgrimido alegando que no ha tenido acceso a los discos duros.

Relación del falso cura con la víctima

Durante su declaración, Pedro ha confirmado que el abogado le puso en contacto con la víctima a pesar de que él no tenía conocimientos detectivescos. Contactó con ella por teléfono y que días después bajó a La Carlota para conocerlo, pero “nunca” hablaron de dinero. El modo empleado para hablar entre ellos era la aplicación WhatsApp ya que a la víctima “le costaba hablar por teléfono”, ha dicho el acusado, que ha fechado a finales de mayo de 2017 como la primera visita al pueblo cordobés.

“Allí me enseñó muchos papeles y me dijo que quería localizar a un sacerdote y a un teniente del ejército. No hablamos de dinero y le propuse que cuando terminara la investigación, hablaríamos de ello”, ha declarado el hombre, que se hizo llamar Felipe Jiménez ante la víctima ya que esta tenía miedo de que alguien leyera las conversaciones. Ese nombre fue elegido por el propio acusado ya que, además, tenía un DNI falso con ese nombre que utilizaba para sus “cosas”.

Ha desmentido que él llegara alguna vez a la Chica Carlota con un atuendo de sacerdote, aunque estas ropas fueron encontradas en su domicilio de Madrid durante un registro y una vecina de la víctima comentó a uno de los hermanos de la víctima que había visto entrar a un cura en la casa de esta. Sí ha señalado que utilizaba estas ropas para ir por Asturistas o por Solana, el pueblo donde vivían sus padres, para así no poder ser identificado debido a sus antecedentes penales.

Sobre la relación que estableció con la víctima, ha llegado a decir que fue “muy intensa” y que llegaron a mantener una relación sentimental hasta que “él se fue”. Tras varias conversaciones entre ellos, ha dicho, la víctima habría decidido abandonar su pueblo “porque se sentía ahogado y espiadoq. Ha relatado que ayudó a la víctima a empaquetar algunas de sus pertenencias, para lo cual fueron a una ferretería a comprar una ”carretilla, guantes y un pico“, todo ello para ”la mudanza“. La Fiscalía sostiene que estos materiales se usaron para ocultar el cuerpo de la víctima, que fue hallado en el jardín de la vivienda, junto con una pala, aunque el acusado ha negado que esa herramienta fuera comprada.

Ha afirmado que todo ello fue adquirido en connivencia con la víctima, al igual que los 1.000 euros que sacaron de la cuenta corriente. “Aunque las intenciones” de la víctima “era marcharse de España”, ha contado el acusado, antes recalaron en Solana, donde solo Pedro vio a sus padres, mientras que la víctima se quedó en un hostal. Después, el acusado ha relatado unos viajes de idas y venidas a Córdoba y a la Chica Carlota para recoger pertenencias de la víctima, viajando finalmente a Madrid con el coche de esta.

Ya en la capital, la víctima se quedó a dormir en casa de unos amigos del acusado, según ha contado, “hasta que decidiera qué hacer”, pero “yo ni lo maté, ni sé cómo murió ni cómo se marchó”, ha declarado. Una vez en Madrid, ha asegurado que desde el 7 al 20 de septiembre tuvo comunicación constante con la víctima hasta que dejó de tenerla, cuando sus amigos le llamaron para decirle “que no iba al piso a dormir y que no aparecía”. Durante ese tiempo, ha dicho, las llamadas que realizó con varias oficinas bancarias para la solicitud de un préstamo lo hizo bajo indicaciones de la víctima.

No fue hasta el 30 de septiembre cuando regresó a la vivienda que la víctima tenía en la Chica Carlota. Ahí vio que no se encontraba en la casa, mientras que ha reconocido que sacó 30.000 euros y se los llevó y se dio cuenta de que con la tarjeta bancaria de la víctima no se había hecho ninguna operación. Además, ha confesado que fue sacando cada vez más dinero “por necesidad” y que llamó a otra entidad bancaria, haciéndose pasar por la víctima, para que cambiaran el pin de la tarjeta.

“En ningún momento se me había pasado por la cabeza que había pasado lo que había pasado. Cuando me llamó la Guardia Civil, le conté lo mismo que estoy contando hoy”, ha manifestado el acusado, quien se negó a declarar en la fase de instrucción. Ha afirmado que durante un registro en su vivienda se hallaron todas las pertenencias de la víctima -ropas, objetos, tarjetas de crédito- porque pensaba que en “algún momento aparecería”. Sin embargo, sí “regaló” los dos teléfonos de la víctima a un propietario de un locutorio “para que le sacara dinero”, a la vez que seguía usando su vehículo.

En la primera sesión del juicio también han declarado hermanos de la víctima, como A.R.B., quien se ha referido a la enfermedad que padecía su hermano, que vivía solo en la casa familiar bajo “consejo de los médicos”. Ha asegurado que la relación era muy buena “salvo cuando se producían brotes psicóticos” dado que la víctima, ha contado, no tomaba toda la medicación que se le prescribía y le costaba asistir a las terapias “ya que él mism no reconocía su enfermedad”, ha relatado otra hermana de la víctima.

Todas las alarmas saltaron cuando los hermanos intentaron contactar con él pero no fue posible “ya que había cambiado de teléfono”. Además, una vecina del pueblo le trasladó a este hermano que había visto cómo una persona con un atuendo de sacerdote había entrado en la vivienda de su hermano. “Me chocó porque sabía lo que mi hermano pensaba de la Iglesia y nunca dejaría entrar a alguien así”, ha apuntado este testigo, que ha descrito algunos episodios psicóticos de su hermano.

Los familias interpusieron finalmente la denuncia de su desaparición el 24 de octubre y, para no romper la intimidad de su casa, requirieron de los servicios de un cerrajero quien, en presencia de la Guardia Civil, rompió la cerradura de la vivienda, accediendo a su interior. Allí vieron cómo la mesa del salón tenía todo dispuesto “como la última cena, y también sus gafas”. “Yo no podía ver mi hermano sin sus gafas”, ha descrito este testigo, que ha asegurado que ese hecho ya le hizo temer lo peor.

Prisión permanente revisable

En concreto, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Posadas y de Violencia sobre la Mujer dictó a finales de 2021 apertura de juicio oral contra ambos acusados, que se enfrentan a la pena de prisión permanente revisable.

La Fiscalía considera que el falso cura es autor de un delito de asesinato y pide para él prisión permanente revisable, o subsidiariamente, 25 años de cárcel, así como cinco años de prisión por un delito de robo con violencia e intimidación y sendas penas de tres años por un delito continuado de estafa, otro de falsificación en documento mercantil --con multa de 5.400 euros--, usurpación de estado civil y tenencia de armas prohibidas.

Respecto del letrado, el Ministerio Público pide cinco años de prisión y multa de 36.000 euros por la supuesta comisión de un delito de estafa. También, demanda indemnizaciones para los hermanos de la víctima por unos 250.000 euros en total.

Mientras, la acusación particular pide para ambos la prisión permanente revisable por delito de asesinato grave, y, alternativamente, por el delito de asesinato prisión de 25 años, así como cinco años de cárcel para cada uno por delito de robo con violencia, 12 años para el falso cura por delitos de tenencia ilícita de armas, usurpación del estado civil y continuado de estafa, y/o por hurto, tres años. Y respecto del abogado, dos años de prisión por delito de usurpación del estado civil y cinco años por estafa.

Entretanto, el referido auto explica que el acusado en prisión provisional “con el dinero obtenido se sometió a una operación de cirugía estética” en octubre de 2017 en Madrid. Fue detenido en Madrid en enero de 2018. Casi un año más tarde, el 2 de agosto de 2018, se localizó el cadáver de Juan Carlos enterrado en el patio de su casa.