Una exalcaldesa del PSOE y un condenado de extrema derecha compartirán banquillo por el gran fraude del tren del carbón

El 22 de octubre del año 2013, la Guardia Civil detenía a la exalcaldesa de Peñarroya-Pueblonuevo –capital de la cordobesa comarca minera del Valle del Guadiato–, Luisa Ruiz. Ruiz fue regidora del PSOE y ese año también era vocal en la Ejecutiva andaluza de los socialistas. Ese mismo día también era arrestado C. G., consejero delegado de la empresa Compañía General de Ferrocarriles Turísticos, que tenía antecedentes penales, según el propio PSOE (pero el de Guadix, Granada). Los socialistas accitanos denunciaron, en una rocambolesca trama con una histórica locomotora de tren, que G. había sido condenado en los años 90 a cumplir una pena de ocho años de prisión por su participación en el grupo de extrema derecha Milicia Catalana. Este grupo realizó diversas acciones violentas, en 1985 y 1986, contra bares y saunas frecuentados por homosexuales, locales de top less y librerías y movimientos catalanistas, como la Crida a la Solidaritat. 

Nueve años después de su arresto, la exalcaldesa del PSOE y el empresario con un conocido pasado como militante de la extrema derecha se sentarán en el banquillo acusados de uno de los grandes fraudes de subvenciones públicas de la provincia de Córdoba: el destino de los fondos europeos para el famoso Tren del Carbón, un proyecto turístico financiado por los Miner con los que se pretendía compensar a las comarcas afectadas por el cierre de las minas en España. Junto a ellos están procesados otros tres empresarios más, acusados de desviar más de 12 millones de euros de fondos públicos en un proyecto que nunca vio la luz.

En concreto, la Fiscalía Provincial de Córdoba pide un total de 32 años y nueve meses de cárcel para la exalcaldesa del PSOE por una multitud de delitos (fraude y exacciones ilegales, prevaricación, tráfico de influencias, falsedad documental, usurpación de funciones públicas, fraude de subvenciones y falsedad ideológica por funcionario público). También se enfrenta a 55 años de inhabilitación y a importantes multas. Una de ellas asciende a 1,7 millones de euros, según consta en el escrito de calificación de la Fiscalía, al que ha tenido acceso este periódico y ha avanzado ABC Córdoba. Junto a la exalcaldesa se sentarán en el banquillo cuatro empresarios. Uno es G.. Los empresarios se enfrentan a penas que van de los 12 años de cárcel a tan solo cuatro meses, pero también con multas mínimas de 100.000 euros.

Los presuntos hechos

La investigación arrancó tras una denuncia de la que entonces era alcaldesa del PP, María Gil, que había visto cómo se habían ejecutado partidas presupuestarias que se consideraban infladas. La investigación de la Guardia Civil sostuvo que el modus operandi de la cúpula municipal y los empresarios consistía supuestamente en beneficiarse de los fondos europeos Miner engordando facturas en proyectos como la rehabilitación del tren del carbón a las viejas instalaciones mineras, en un proceso de musealización que ha quedado varado.

La denuncia del PP tuvo un precedente precisamente en el PSOE, pero de Guadix. Dos concejales de este Ayuntamiento advirtieron que en el año 2009 este Consistorio también firmó un acuerdo con dos de los empresarios procesados (conocidos en Cataluña) para poner en marcha un proyecto turístico con una locomotora muy famosa en Granada, protagonista de rodajes al formar parte del famoso Tren de la fresa. En junio de este año, el PSOE de Guadix denunció que el Ayuntamiento había entregado esta locomotora a una empresa de Barcelona para su explotación privada, después de que la máquina fuese restaurada con fondos públicos en el año 1989. Esta locomotora es la famosa Baldwin, todo un emblema en esta comarca granadina, pues aparece filmada en innumerables películas algunas tan taquilleras como Indiana Jones y la última cruzada, El bueno, el feo y el malo, o Doctor Zhivago. La locomotora ha regresado a Guadix, con gran alborozo.

Estos dos mismos empresarios llegaron a Peñarroya–Pueblonuevo, al calor de los fondos del famoso plan Miner, que tenía que reconvertir económicamente las comarcas afectadas por el cierre de la minería. Uno de ellos es el que dio nombre a la operación de la Guardia Civil, la restauración de otra locomotora, la famosa Rocket, con la que se pretendía construir un tren turístico que surcara la comarca. La primera pieza de este supuesto caso de corrupción se llama, precisamente, “Tren Turístico del Guadiato, primera fase”. La segunda pieza se llama “redacción de proyectos de ingeniería y otras asistencias técnicas” en Peñarroya, la tercera “compra de vagón restaurante”, la cuarta “Museo del Ferrocarril” y la quinta “dotación de servicios urbanísticos al polígono de Vega Currillo”.

En la operación de la Guardia Civil se llegó a detener a 17 personas, pero solo cinco siguen procesadas y se sentarán finalmente en el banquillo de los acusados. Se realizaron registros domiciliarios e industriales en las provincias de Córdoba, Barcelona, Lérida, Valencia y León.

Una investigación compleja

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Peñarroya–Pueblonuevo ha investigado esta causa durante más de siete años haciendo frente a la falta de medios para un caso de estas dimensiones y que llevó a la petición de refuerzos a la Junta de Andalucía para digitalizar la investigación y hacerla manejable. En estos años, este juzgado ha tenido ocho titulares diferentes. De ellos, han sido los tres últimos los que consiguieron dar un impulso a la causa junto con la Fiscalía de Córdoba, concentrando además la declaración de empresarios, proveedores, testigos, peritos y los propios investigados para depurar posibles responsabilidades.

Los tomos se acumulaban en los juzgados y el temor a las dilaciones y a que los procesados acabasen libres por la prescripción de los delitos ha provocado que el caso se acelere en los últimos años.

La exalcaldesa fue expulsada del PSOE y creó su propio partido: Unión Demócrata Peñarriblense. Sigue estando en política, dentro de esta formación independiente, pero no ha vuelto a gobernar. En 2015 se convirtió en el principal partido de la oposición, pero fuertemente enfrentada al PSOE, que volvió a ganar las elecciones. Actualmente, lidera una formación que tiene cuatro escaños en un Pleno de un total de 17.

El juicio está ahora pendiente de fecha y se celebrará en la Audiencia Provincial de Córdoba.