La Guardia Civil imputa a 25 personas por parcelar irregularmente una finca rural

La Guardia Civil ha investigado a 25 personas como presuntas autoras de delitos contra la ordenación del territorio, desobediencia a la autoridad y falsedad documental, tras detectarse el fraccionamiento irregular de una finca rústica de unos 35.000 metros cuadrados en el término municipal de Puente Genil.

Las actuaciones se iniciaron en marzo de 2024, después de que los agentes del Seprona de Rute tuvieran conocimiento de posibles irregularidades urbanísticas en dichos terrenos. Las primeras comprobaciones realizadas permitieron verificar que la propiedad, de naturaleza proindiviso-rústico, había sido dividida de forma fraudulenta en 26 subparcelas.

Siguiendo con la investigación, los agentes de la Guardia Civil confirmaron, mediante los informes técnicos municipales, que los terrenos se encontraban clasificados como suelo no urbanizable de preservación natural o rural, tratándose de una actuación no susceptible de legalización, al favorecer de manera directa la creación de nuevos asentamientos fuera de la planificación urbanística.

Las gestiones practicadas por la Guardia Civil permitieron identificar al presunto promotor de la actuación, quien habría diseñado un sistema que incluía la apertura de caminos de acceso, la elaboración de planos de distribución y la formalización de contratos de compraventa con los adquirentes de los terrenos, pudiendo haber incurrido en delitos contra la ordenación del territorio y urbanismo.

Además, los agentes del Seprona pudieron corroborar que, tanto el responsable como varios compradores, continuaron ejecutando obras en las parcelas a pesar de haber recibido notificaciones oficiales de paralización inmediata, lo que podría constituir varios delitos de desobediencia a la autoridad.

Durante la ejecución de las actuaciones enmarcadas en la operación de la Guardia Civil, los agentes del Seprona realizaron 27 inspecciones, dando como resultado la detección de 56 infracciones administrativas e instruyendo diligencias por un total de 27 delitos, principalmente relacionados con la ejecución de obras sin autorización e incompatibles con la normativa urbanística vigente, pero también delitos de falsedad documental y delitos de desobediencia a la autoridad.

Las diligencias instruidas ya han sido puestas a disposición de la autoridad judicial competente.