Las 48 horas desde la denuncia hasta el asesinato machista de Tulia: ¿qué falló?

Tulia tenía que acudir este lunes a la Ciudad de la Justicia de Córdoba para declarar por la denuncia que el pasado sábado interpuso contra su expareja por violencia machista. Iba a ser un juicio rápido, pero Tulia nunca llegó: el hombre la asesinó en el portal de su casa. Tras la denuncia, la mujer había recibido una valoración de riesgo medio y el juzgado decidió no dejar al hombre en prisión, pero sí interponer sobre él como medida cautelar una orden de alejamiento que decidió quebrar. ¿Qué falló para que, a pesar de denunciar y solo una hora antes del juicio, Tulia fuera asesinada?

Colombiana de nacimiento pero cordobesa de adopción, Tulia era muy querida en su barrio. El lunes por la tarde, sus vecinos se congregaron en la plaza de la Juventud, muy cerca del bloque donde la mujer fue asesinada y donde también vivía su agresor. El relato de la familia de Tulia muestra que no se trató de un ataque inesperado, sino de una historia de violencia. Durante la multitudinaria concentración, su hermana aseguró que Tulia vivía “calvario de libro”: el agresor la maltrataba, buscaba su perdón y ejercía un control asfixiante sobre ella, oponiéndose incluso a que la víctima recuperara su independencia a través de un grupo de senderismo.

Solo consta una denuncia previa al crimen: la que Tulia, que había sido usuaria del Instituto Andaluz de la Mujer, formuló el pasado sábado. Lo hizo después de un episodio especialmente violento. La mujer, de 64 años, se encontraba en su casa. Vivía en la tercera planta de un edificio y su agresor, de 65 años, en la cuarta. En un momento dado, el hombre irrumpió en el piso de la víctima portando un martillo y destrozó un equipo de música que tenía la mujer. Tras esto, según la denuncia que formuló la víctima, la habría sujetado por el pecho y amenazado con destrozarle toda la casa. Durante la comparecencia por estos hechos, el detenido se acogió a su derecho constitucional a no declarar.

La plaza número 6 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Córdoba, en funciones de guardia, acordó entonces su puesta en libertad provisional, imponiendo como medida cautelar la prohibición de comunicación y aproximación a menos de 500 metros de la víctima por un delito de maltrato en el ámbito de la violencia de género. Ni la Fiscalía ni ninguna de las partes solicitaron su ingreso en prisión provisional ni otras medidas cautelares adicionales.

Desde ese momento, Tulia entró en el sistema VioGén y su caso se valoró de riesgo medio, según la valoración policial. Dicha valoración se produce una vez conseguida información de todas las fuentes posibles y de la toma de declaración a la víctima. De acuerdo con dicho riesgo, se establecen un conjunto de medidas policiales de protección a adoptar, que se dividen entre obligatorias y complementarias. Entre las primeras se encuentra el acompañamiento a la víctima en actuaciones de carácter judicial, asistencial o administrativo, cuando se considera que puede existir algún tipo de riesgo para la propia víctima.

Acompañar a las víctimas

La subdelegada del Gobierno en Córdoba, Ana López, ha asegurado que agentes de la Policía se ofrecieron a acompañarla a los juzgados, pero que la mujer declinó la ayuda. El exdelegado del Gobierno para la violencia de género Miguel Lorente explica, sin embargo, que la decisión de preservar la seguridad de las mujeres no puede recaer en ellas y reclama valoraciones del riesgo hechas por equipos forenses y no solo por los policiales. “Hay una minimización general de los riesgos, también por parte de las mujeres, y el sistema debe saber eso. Si los protocolos dicen que con cierto nivel de riesgo se exige un acompañamiento, ese acompañamiento debe hacerse, porque estamos hablando de un delito público, existe una obligación de actuar sobre el agresor”, subraya.

De hecho, la valoración de riesgo medio implica otras medidas obligatorias, como la vigilancia ocasional y aleatoria del domicilio o lugar de trabajo de la víctima; la comprobación periódica del cumplimiento por el agresor en las entradas y salidas en los centros escolares de los hijos –si los hubiere–; una entrevista personal con la víctima y el traslado de información a la mujer sobre las recomendaciones que se incluyen dentro del Plan de Seguridad, o la comprobación periódica del cumplimiento de las medidas judiciales de protección. En el caso del asesinato de Tulia, su agresor se saltó la orden apenas 48 horas después y solo una antes del juicio.

“¿Cuál es el objeto de ese acompañamiento policial que establece el protocolo? La seguridad de la víctima, y si la seguridad no se cubre sobre la víctima por las razones que sea, se debe adoptar una medida sobre el agresor: un seguimiento indirecto, saber dónde está el agresor, contactar con él, comprobar que está cumpliendo la orden de alejamiento, sobre todo sabiendo que esa mañana había un juicio”, insiste Miguel Lorente. El forense destaca que las mujeres deben ser informadas adecuadamente de lo que supone el nivel de riesgo que han asignado a su caso, las conductas violentas a las que está asociado, y el significado de las medidas de acompañamiento para que puedan tomar sus decisiones “con toda la información”.

Lorente alerta sobre cómo los estereotipos machistas y el negacionismo influye en la percepción social del riesgo de la violencia machista. Si solo se denuncia el 25% de los caos, prosigue, el hecho de que exista una denuncia debe hacer que el caso se considere grave. Sobre Viogen, el experto señala que muchas preguntas para valorar el riesgo estén dirigidas a la violencia física grave: “Eso es una parte de la violencia, a veces una pequeña parte, porque el agresor quiere fundamentalmente el control, no el daño, y a lo mejor está consiguiendo el control de otra manera”. En el caso de la Tulia, el relato de la familia demuestra que el asesino ejercía ese control insistentemente de distintas maneras.

“Que sirva para cambiar algo”

Ya el lunes, Tulia sacó a pasear a su perro. Era antes de la nueve de la mañana, una hora antes del juicio. De vuelta a casa, su agresor, que ya no podía vivir en el mismo edificio por la orden de protección, la estaba esperando en el portal. El hombre cometió el crimen dentro del bloque y después se atrincheró, armado, en su vivienda. Previamente, llenó la entrada al portal de gas de pimienta, lo que dificultó la entrada de los servicios de emergencia y de la Policía. El agresor pudo ser detenido, no sin antes emplear una gran resistencia.

Tulia es la víctima mortal número 16 de la violencia machista en 2026, pero es mucho más que una cifra en las estadísticas de “terrorismo machista”, como reivindicaba la Plataforma Cordobesa contra la Violencia a las Mujeres este lunes. Tal y como explicaba su hermana, Tulia era una mujer que llegó a España hace 30 años, doctorada en Derecho Internacional y que acababa de superar un cáncer. Su hermana ha criticado el sistema judicial: “¿Cómo es posible que hace una denuncia y lo dejan libre? ¡La desprotegieron! Él no tenía nada que perder; lo tenía todo perdido. Le faltaba matarla y lo ha conseguido”.

Durante la concentración, la hija de la víctima, Lili, estalló en llanto y rabia al ver cómo en ese mismo momento, coincidiendo con el acto público de repulsa, la Policía Nacional trasladaba al detenido de vuelta a la escena del crimen para la reconstrucción de los hechos. El hijo de Tulia, Alejandro, también criticó el sistema. “Hoy ha sido mi madre. Otro día puede ser otra mujer de todas las que están aquí. La justicia no hace nada para frenar esto, no ayuda a las mujeres maltratadas. Así que, por favor, vamos a apoyar más a las mujeres y que el asesinato de mi madre sirva para cambiar algo”.