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Stop Desahucios pide a la Junta un mínimo vital de agua garantizado por ley

Concentración de Stop Desahucios, en una imagen de archivo | ÁLVARO CARMONA

Carmen Reina

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La plataforma entrega un escrito para instar a que la administración autonómica amplíe a toda la comunidad las medidas desarrolladas por el Ayuntamiento de Córdoba sobre este suministro

Que la Junta de Andalucía garantice por ley un mínimo vital de agua para las familias en riesgo de exclusión social que no puedan afrontar su pago. Ese es el objetivo de la plataforma Stop Desahucios que este lunes ha pedido en Córdoba y otras ciudades andaluzas a la administración autonómica, para que copie las medidas tomadas en el Ayuntamiento de Córdoba sobre el suministro de agua y lo amplíe a toda la región andaluza con garantía de ley.

La plataforma quiere que la Junta de Andalucía modifique la Ley del Agua y el desarrollo de su reglamento para introducir el derecho al agua con un mínimo vital garantizado de un suministro que, han recordado, “es un derecho universal del ser humano”.

Frente a la puerta de la Delegación del Gobierno de la Junta en Córdoba, una veintena de activistas de Stop Desahucios acompañados por concejales de Ganemos Córdoba han desarrollado un acto reivindicativo antes de entregar en el registro de la administración autonómica un escrito dirigido a la delegada del Gobierno, Rafaela Crespín, con la petición del colectivo.

Actualmente, el Ayuntamiento de Córdoba ha garantizado a través de la empresa municipal de aguas Emacsa un mínimo vital de 3 metros cúbicos por persona y mes para familias que tengan problemas para afrontar la factura del suministro, sin que se produzcan cortes de agua por ese motivo. Con el acto de este lunes, Stop Desahucios pretende que ese mínimo vital se garantice por ley “porque es la Junta quien tiene las competencias en toda la comunidad y para que reconozca ese derecho en toda Andalucía”, han explicado desde la plataforma.

En ese sentido, Stop Desahucios ha recordado que el Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, ya elaboró “un informe en el que se reconocía como derecho” de los ciudadanos la garantía del suministro de agua para unas condiciones dignas de vida.

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