Los trabajadores de Hitachi se reúnen con la subdelegada del Gobierno y denuncian el trato “antisindical”

Miembros del comité de empresa de Hitachi Energy en Córdoba, acompañados por la secretaria general de CCOO de Córdoba, Marina Borrego, y el secretario general del Sindicato de Industria de CCOO de Córdoba, Agustín Jiménez, han mantenido hoy un encuentro con el delegado del Gobierno de la Junta en Córdoba, Adolfo Molina, y con los delegados territoriales de Empleo e Industria, María Dolores Gálvez y Agustín López, respectivamente. El objetivo de la reunión ha sido trasladarles la grave situación que atraviesa la fábrica cordobesa ante el bloqueo de la negociación del convenio colectivo por parte de la empresa y su actitud antisindical y autoritaria.

La representación sindical ha expresado su indignación por el “ninguneo” a la parte social y por la falta de respeto hacia la plantilla. Asimismo, ha rechazado la imagen que la empresa intenta proyectar sobre la representación legal de los trabajadores y trabajadoras, que —subrayan— está cumpliendo escrupulosamente con sus derechos y obligaciones. El comité insiste en que su única voluntad es que la dirección se siente a negociar con respeto, buena voluntad, buena fe y con la intención real de alcanzar un acuerdo.

Borrego, Jiménez y los miembros del comité han recordado a los representantes de la Junta que la administración andaluza ha concedido a Hitachi una ayuda pública de 4 millones de euros para la ampliación de la fábrica, una ayuda vinculada al mantenimiento y la calidad del empleo. Por ello, han solicitado a la Junta que intervenga y medie con la empresa para que rectifique de inmediato su actitud hacia los delegados y la delegada sindical, así como la política del miedo que está ejerciendo sobre la plantilla.

Tanto el comité como los responsables de CCOO han reiterado su disposición a colaborar para que la ampliación de la planta se desarrolle con éxito. No obstante, han dejado claro que no permitirán que dicha inversión se costee a costa de instaurar una doble escala salarial, ni mediante abusos en la flexibilidad o en el uso de subcontratas.

Por su parte, los delegados de la Junta se han comprometido a trasladar esta situación a sus respectivas consejerías, aclarando además que —contrariamente a lo afirmado por la empresa— la ayuda económica no se retirará por la huelga de los trabajadores y trabajadoras, ya que esta constituye un derecho fundamental, estrechamente relacionado con la calidad del empleo.

Tras el encuentro con la Junta, la delegación sindical se ha desplazado a la Subdelegación del Gobierno en Córdoba, donde han mantenido una reunión con la subdelegada, Ana López Losilla, y con la jefa de la Inspección de Trabajo, Carmen Aumente. El comité les ha informado de las irregularidades cometidas por la empresa durante las jornadas de huelga, la más reciente de ellas: el cierre inesperado de la fábrica, sin previo aviso, impidiendo a los trabajadores y trabajadoras que ejercieron su derecho a la huelga acceder a las instalaciones para recoger sus pertenencias.

En este sentido, el presidente del comité de empresa, Álvaro García Leiva, ha reclamado a Inspección de Trabajo la máxima celeridad en la tramitación de las denuncias presentadas, al considerar que las actuaciones de la empresa son desproporcionadas, no se ajustan a derecho y suponen una vulneración del derecho fundamental de huelga.

A pesar del cierre de la fábrica impuesto ayer por la dirección —un cierre no comunicado a la autoridad laboral, lo que podría constituir una infracción laboral muy grave—, numerosos trabajadores y trabajadoras se han concentrado hoy a las puertas de la planta, donde se ha celebrado una asamblea improvisada para informar de las reuniones mantenidas.

Las protestas continuarán la próxima semana con un paro de hora y media el miércoles 26.