Inmatriculaciones

Una protesta ante la Mezquita pide la recuperación de los bienes inmatriculados que prometió el Gobierno

“La Mezquita es del pueblo. La Mezquita es patrimonio público”. Mensajes como estos son los que se han podido escuchar en una concentración ante el emblemático monumento de Córdoba -uno de los bienes inmatriculados por la Iglesia católica en España-, en un acto de protesta organizado por la Plataforma Mezquita Patrimonio de Todxs para reclamar que el Gobierno cumpla con su promesa de recuperar para el estado estos bienes.

La protesta, que se ha realizado de manera similar este jueves en una veintena de ciudades de todo el país impulsada por la Coordinadora Recuperando, ha reunido a integrantes de la plataforma convocante y de colectivos como Córdoba Laica, junto a ciudadanos que han querido mostrar su oposición a la inmatriculación por parte de la Iglesia de un bien cultural, Patrimonio de la Humanidad, como la Mezquita, entre los miles de bienes registrados a su nombre.

La Iglesia católica inmatriculó gracias a una ley impulsada por José María Aznar en 1998 miles de bienes al permitirle esta norma registrar a su nombre edificios, viviendas, fincas y otros bienes con tan solo una certificación eclesiástica y sin título de propiedad sobre ellos. Entre esos bienes, se encuentra la Mezquita de Córdoba, entre otros cientos de bienes registrados en la provincia de Córdoba a nombre de la Iglesia gracias a aquella ley.

Este jueves, en un manifiesto leído en la concentración junto a la Mezquita, los promotores de la protesta han recordado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su discurso de investidura se comprometió a realizar las modificaciones legislativas oportunas para facilitar la recuperación de los bienes que hayan sido inmatriculados por la jerarquía católica. Además, ese era el texto recogido en el punto 5.11 del Acuerdo de Gobierno de coalición PSOE–Unidas Podemos que ostenta el Ejecutivo actualmente. Esto, a su juicio, “representaba un claro reconocimiento del intenso trabajo impulsado por colectivos ciudadanos en defensa del patrimonio público. Parecía que algo podía cambiar. Pero simultáneamente los contactos opacos entre el Gobierno y la jerarquía (de la Iglesia) avanzaban en sentido contrario. Se retenía la información sobre los bienes inmatriculados”, han denunciado.

En febrero de 2021, el Consejo de Gobierno remitía el inventario de bienes inmatriculados por la Iglesia católica entre 1998 y 2015. Para la Coordinadora Recuperando esto “es un éxito sin paliativos de las organizaciones que se agrupaban en Recuperando; pero era un listado parcial (no incluye los bienes inmatriculados desde 1946 a 1998), no ofrece las notas simples, imprescindibles para identificar y conocer lo inmatriculado”.

Carpetazo del Gobierno

Por ello, critican con las protestas de este jueves que “el Gobierno de coalición ha dado carpetazo a este monumental escándalo patrimonial en quebranto manifiesto de su compromiso electoral y programático con la ciudadanía. El Ejecutivo no parece dispuesto a anular las inmatriculaciones y abandona a su suerte a particulares y ayuntamientos para que litiguen en largos y costosos procesos judiciales. Esta renuncia gubernamental solo se puede explicar desde la cobardía histórica para frenar los seculares privilegios de la jerarquía católica”.

Quienes reclaman la devolución al estado de los bienes inmatriculados por la Iglesia que son públicos, señalan que “lejos de cumplir su promesa electoral, el Gobierno ha negociado en la más absoluta opacidad con los obispos la salida en falso de un problema de Estado que afecta gravemente a la legalidad constitucional y representa una amnistía registral para decenas de miles de fincas, plazas, cementerios, ermitas, viviendas, huertos y monumentos, que seguirán en manos de la Iglesia pese a no haber aportado pruebas documentales de propiedad”.

Advierten que “las inmatriculaciones son nulas de pleno derecho por contravenir la Constitución española. El Gobierno debe declarar la nulidad de todas aquellas inmatriculaciones realizadas al amparo del artículo 206 con una simple autocertificación eclesiástica. A partir de ahí, los obispos podrían inscribir, ya sin ventajas registrales, los bienes cuya pertenencia acrediten fehacientemente. Además, los bienes de especial relevancia cultural, como la Mezquita de Córdoba, el tesoro mudéjar de Aragón o el arte prerrománico de Asturias, deben ser adscritos al dominio público por pertenecer a toda la ciudadanía”.

La Coordinadora Recuperando y todas las organizaciones que la integran advierten que seguirán manteniendo convocatorias de movilización para denunciar esta situación, para emplazar a las fuerzas políticas y al Gobierno a que cumplan con sus compromisos adquiridos, con protestas como las que han realizado en esta jornada en las siguientes ciudades: Albacete, Alicante, Badajoz, Bilbao, Barcelona, Cáceres, Córdoba, Donosti, Granada, Jérez, León, Madrid, Murcia, Oviedo, Pamplona, Santander, Sevilla, Valencia, Valladolid, Vitoria-Gasteiz y Zaragoza.