El Gobierno frena la publicación del listado de inmatriculaciones hechas por la Iglesia

El Ministerio de Justicia ha presentado un recurso ante la decisión del Consejo de Transparencia que dictaminó en septiembre pasado que el Gobierno debía hacer público el listado de bienes inmatriculados por la Iglesia, después de que dicho listado fuera requerido en virtud de la Ley de Transparencia por el diario El País. El propio Gobierno frena así la divulgación de la lista de inmatriculaciones hechas por la Iglesia desde 1998 y que se calcula que rondan los 30.000 bienes, entre ellos la Mezquita-Catedral de Córdoba.

Ha sido el propio periódico El País quien ha difundido la presentación del recurso por parte del Ministerio de Justicia ante su petición para conocer los bienes inmatriculados por la Iglesia, ya que tras obtener el dictamen a favor del Consejo de Transparencia, el Gobierno no había proporcionado aún esta información. Justicia ha presentado un recurso contencioso administrativo contra la resolución del Consejo de Transparencia, recurso que ha sido admitido a trámite.

El listado de inmatriculaciones de bienes por parte de la Iglesia afecta a miles de inmuebles entre los que se encuentran, además de la Mezquita-Catedral, otras edificaciones, templos, ermitas, casas parroquiales, viviendas, plazas y otros bienes en todo el país. Esta lista se elaboró para cumplir con el mandato de una Proposición No de Ley aprobada en el Congreso de los Diputados, que presentó el PSOE y salió adelante pese al voto en contra de PP y Ciudadanos.

Se instó entonces al Gobierno a preparar la relación con todos los bienes inmatriculados por la Iglesia desde 1998, tras el cambio en la Ley Hipotecaria que hizo posible estas inscripciones en el registro por parte de la Iglesia sin tener que demostrar su propiedad. Según El País, el Gobierno tiene en su poder dicho listado desde febrero de 2018, después de recibir el documento completo por parte del Colegio de Registradores, y aún no lo ha hecho público.

Por su parte, en las alegaciones del Ministerio de Justicia presentadas antes el Consejo de Transparencia se acoge a que no es obligatorio publicar información en elaboración y asegura que cuando la tenga preparada la entregará al Congreso, de donde partió la petición.

El Gobierno aseguró que publicaría el listado y reclamaría los bienes públicos

La difusión del listado de bienes inmatriculados supondría que aquellos que hubieran sido inscritos irregularmente pudieran ser reclamados por sus propietarios, especialmente los ayuntamientos cuando se tratara de bienes públicos. Es más, hace poco más de un año, el propio Gobierno anunció que reclamaría la titularidad de los bienes públicos inmatriculados por la Iglesia. Y antes, había dicho que haría público el registro de bienes inmatriculados.

El Gobierno respondió así entonces a preguntas parlamentarias del exdiputado del PSOE por Córdoba Antonio Hurtado. “La Constitución española consagra los principios de inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad de los bienes de dominio público”, señalaba el Ejecutivo en su respuesta al diputado socialista, en la que anunciaba que iba a reclamar aquellos bienes inmatriculados que considere públicos. El propio Ministerio de Justicia aseguraba que “este principio se desarrolla legalmente a través de los 5,6 y concordantes de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas” y que “queda prohibida la apropiación de los bienes de dominio público por parte de las personas jurídicas privadas, entre las que se encuentra la Iglesia Católica”.

Ante ello, el Gobierno sostenía que “si a pesar del control por parte del Registrador, hubieran accedido a registro como bienes de propiedad privada bienes que efectivamente lo son de dominio público, deberá procederse a la correspondiente depuración física y jurídica”. Así, “correspondería a la Dirección General de Patrimonio del Estado y no al Ministerio de Justicia decidir si al Estado corresponde algún derecho sobre dichos inmuebles, sometido todo ello a la tutela judicial efectiva”.

La Ley 33/2003 de Patrimonio de las Administraciones Públicas, a la que se hace referencia, establece en uno de sus puntos que “son bienes y derechos de dominio público los que, siendo de titularidad pública, se encuentren afectados al uso general o al servicio público, así como aquellos a los que una ley otorgue expresamente el carácter de demaniales”.

https://cordopolis.es/2018/09/10/el-gobierno-reclamara-la-titularidad-de-los-bienes-publicos-inmatriculados-por-la-iglesia/