Profesionales de centros de menores de Córdoba denuncian falta de seguridad y agresiones frecuentes

El Sindicato de Enseñanza de CCOO de Córdoba se ha concentrado este martesa las puertas de la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional para denunciar la violencia en los centros de protección de menores y de reforma juvenil, que “no es un grito aislado, sino el eco de un sistema fracturado. Un sistema donde la congelación salarial, la privatización y el desgaste de las plantillas han creado un caldo de cultivo que nos expone, día tras días, a la vulnerabilidad y al riesgo físico”, señaló el secretario General del Sindicato de Enseñanza de CCOO de Córdoba, Enrique Guerra.

Según los datos de CCOO de Andalucía, el 80% de los aproximadamente 5.000 profesionales de los centros de protección de menores y de reforma juvenil de la comunidad ha sufrido alguna agresión física o verbal, aunque solo el 6% lo denuncia. En el caso de las educadoras, un 3% ha sufrido agresiones de tipo físico con tocamientos y un 18% ha sufrido comentarios de índole sexual.

Ante esta situación, la Federación de Enseñanza de CCOO de Andalucía ha convocado concentraciones en todas las provincias andaluzas para exigir al Gobierno andaluza medidas inmediatas que pasan por un refuerzo de personal, protocolos efectivos de seguridad, aplicación íntegra del quinto convenio colectivo y reconocimiento del plus de peligrosidad para los y las profesionales. “Las agresiones verbales y físicas no son casos aislados, sino que se dan con bastante asiduidad, ya que se trata de menores que están muy dañados a nivel emocional y hay momentos de alta conflictividad”, afirmó Guerra.

De hecho, CCOO señala que en los últimos meses, en los 220 centros existentes en Andalucía se han registrado siete agresiones físicas graves que han supuesto hospitalizaciones, fractura y bajas de larga duración, por no hablar de los efectos psicológicos que tiene para los trabajadores y trabajadoras.

“Estamos ante un servicio público esencial cuyo modelo de gestión privatizado no es efectivo”, dijo el responsable sindical, quien apunta que “el Gobierno andaluz no está fiscalizando porque existe un observatorio de justicia juvenil que estudia la reincidencia, pero no los agresiones de los trabajadores y trabajadoras”.

CCOO exige nuevo pliego de contratación que contemple el refuerzo de personal, protocolos efectivos de seguridad, aplicación íntegra del quinto convenio colectivo, la implantación de un plus de peligrosidad autonómico y garantizar la seguridad laboral y reconocimiento de autoridad para estas y estos profesionales. “Este modelo de gestión privatizado de un servicio esencial tiene dos víctimas, por un lado, sus trabajadores y trabajadoras, que desempeñan sus funciones en condiciones cada vez más inseguras y con dificultades; y por otro los y las menores que no reciben la atención ni la estabilidad y recursos que necesitan por parte del Gobierno de Andalucía”, asegura el responsable de Enseñanza.

Por ello, el sindicato ha exigido una revisión urgente del modelo de privatización del Gobierno andaluz para estos centros exigiendo que prime la calidad por encima del precio. “Situaciones como las vividas en Badajoz con resultado de muerte o en Huelva, donde una educadora social fue brutalmente agredida se hubiesen podido evitar si hubiese al menos dos profesionales en cada turno”, remarca el responsable.

CCOO ha denunciado igualmente que no hay medidas de seguridad y tampoco existe un protocolo de agresiones. “En estos momentos hay abiertos varios procesos de licitación en distintos centros y no solo no se incrementan las plantillas, sino que están recortando personal”, lamentó Guerra.