La paralización de las exhumaciones en Córdoba llega al Congreso de los Diputados
La Plataforma por una Comisión de la Verdad de Córdoba ha llevado al Congreso de los Diputados la paralización de los trabajos de exhumación de víctimas del franquismo en los cementerios de San Rafael y Nuestra Señora de la Salud de la capital cordobesa, a través de una iniciativa parlamentaria registrada el pasado 3 de septiembre por la diputada Martina Velarde Gómez (Podemos), del Grupo Parlamentario Mixto.
Velarde ha presentado una batería de preguntas con respuesta escrita dirigidas al Gobierno de España, a instancias de la plataforma, para reclamar medidas que permitan reanudar las actuaciones de recuperación de los represaliados, ante la falta de continuidad del acuerdo entre las administraciones implicadas.
El proceso de exhumación se formalizó el 11 de diciembre de 2020 mediante la firma de un protocolo entre el Ayuntamiento de Córdoba, la Diputación Provincial, la Junta de Andalucía y el Gobierno central. Posteriormente, el 29 de diciembre de 2021 se ratificó un convenio de colaboración y financiación con una vigencia de cuatro anualidades.
Los trabajos arqueológicos sobre el terreno no comenzaron hasta el 23 de octubre de 2023. Según las estimaciones recogidas por la plataforma, el cementerio de Nuestra Señora de la Salud alberga a unas 7.231 personas, de las que más de un millar serían víctimas de la represión franquista, mientras que en San Rafael se calcula que fueron enterrados alrededor de 860 represaliados.
El bloqueo, según denuncia la Plataforma por una Comisión de la Verdad de Córdoba, se produjo tras la extinción del convenio a cuatro bandas en diciembre de 2025. La organización sostiene que, pese a que el Gobierno central aprobó en octubre de ese año su aportación presupuestaria para continuar con los trabajos, la falta de firma de un nuevo acuerdo por parte del Ayuntamiento, la Diputación y la Junta de Andalucía provocó la interrupción de las actuaciones y el nuevo cubrimiento de las fosas al finalizar el año.
La plataforma considera que esta situación ha generado un nuevo sufrimiento para los familiares de las víctimas. Como ejemplo, señala el homenaje celebrado el pasado 14 de junio, cuando las familias depositaron flores sobre la tierra que cubría de nuevo las fosas en las que se desarrollaban las tareas de búsqueda.
Riesgo de perder 150.000 euros de financiación
La organización también alerta del riesgo de que se pierda la financiación pública destinada a reanudar las exhumaciones. En este sentido, señala que en julio de 2026 se anunció una licitación por vía de urgencia, correspondiente al expediente 2026/102, con una dotación de 150.000 euros procedentes de fondos estatales.
Según la información facilitada por la plataforma, el contrato contempla un plazo de ejecución de cuatro meses y las actuaciones deben estar finalizadas y justificadas antes del 31 de diciembre de 2026. Por ello, advierte de que cualquier retraso en la adjudicación o en el inicio de los trabajos podría comprometer la ejecución de los fondos.
La iniciativa parlamentaria de Martina Velarde reclama al Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática que concrete las medidas que está adoptando para evitar que la falta de acuerdos entre las administraciones paralice la búsqueda de las víctimas, en aplicación de la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática.
Entre las cuestiones planteadas figura si el Gobierno central ejercerá las competencias previstas en el artículo 16.1 de la norma para asumir directamente la búsqueda de los desaparecidos, sin que los trabajos dependan exclusivamente de la voluntad de las administraciones locales y autonómica.
La diputada también pregunta si se ha trasladado la situación al Fiscal de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática, en el marco de las previsiones del artículo 28 de la ley, y qué medidas prevé el Ejecutivo para garantizar el derecho a la verdad, la verificación de los hechos y la digna sepultura de las víctimas, conforme al artículo 30.
La Plataforma por una Comisión de la Verdad de Córdoba reclama que los derechos de las víctimas y sus familiares no queden condicionados a la falta de acuerdos institucionales y exige una respuesta que permita dar continuidad a los trabajos de recuperación de los restos.
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