Nueve años en un piso de un fondo buitre, un desahucio parado y la esperanza en la moratoria para familias vulnerables

Margarita Cortés, su hija y su nieto viven desde hace casi nueve años en un piso que pertenece a un fondo buitre, en Córdoba. Allí, tras enviudar y sin ingresos, se realojaron como única alternativa para tener un techo cuando la vivienda pertenecía al Banco Santander, con quien después logró suscribir un contrato de alquiler social durante tres años.

Pagó durante todo ese tiempo el alquiler con sus escasos ingresos de la pensión de viudedad. Pero al caducar el contrato y con el piso ya en manos del fondo buitre Global Pantelaria, Margarita se tuvo que sentar en enero pasado en el banquillo de los acusados después de que iniciaran contra ella un procedimiento de desahucio. Tuvo orden de lanzamiento, pero el juez la paralizó al no contar con el informe de Servicios Sociales sobre su situación de vulnerabilidad. Y, ahora, en esa espera, la esperanza de Margarita y su familia es la moratoria del Gobierno para prohibir lanzamientos en casos de familias en exclusión.

De la pensión de viudedad de 613 euros que cobra Margarita y de lo que saca de vez en cuando limpiando casas cuando la llaman, viven ella, su hija y su nieto de 12 años. Durante años pagó el alquiler social por su vivienda -“había meses que me quedaban 50 euros para comer”-, recuerda al contar a este periódico la situación vivida. “Aquí se han pagado siempre todas las facturas de una casa, de luz, de agua, de internet...”, explica.

No dejó de pagar el alquiler

Recuerda que, cuando el contrato de alquiler de tres años caducó, “ya no lo quisieron renovar. Se negaron”. No obstante, no dejó de pagar cada mes el alquiler, incluso durante el último año. Pero acabó yendo a juicio el 22 de enero de 2024, con el respaldo y el asesoramiento de la plataforma Stop Desahucios de Córdoba. El fondo buitre que ya había pasado a ser propietario de la vivienda en 2020 pedía su lanzamiento y el de su familia. Y ella solicitaba seguir pagando un alquiler social y no irse de la que considera su casa, su barrio y su entorno, después de casi nueve años. “No me niego a pagar”, reitera.

Entonces, el juez dio en un primer momento la razón al fondo buitre y Margarita y su familia tuvieron fecha de lanzamiento el pasado 22 de marzo. Pero lograron pararlo. “El juez determinó que se paralizara el desahucio porque no daba tiempo a que llegara el informe de vulnerabilidad de Servicios Sociales sobre su caso”, explican desde Stop Desahucios. Un informe que debía constatar la situación en la que esta mujer de 54 años, su hija y su nieto viven con escasos ingresos, con los que solo podría afrontar un alquiler social para tener un techo.

Esa paralización ha dado un respiro a Margarita y su familia. Ella y Stop Desahucios confían en que, ahora, “ya se le aplique la moratoria para lanzamientos en casos de familias en exclusión o con vulnerabilidad”, cuenta la portavoz de la plataforma, Rocío López.

La norma aprobada por el Gobierno dice que la suspensión de los desahucios no es algo inmediato, ya que debe contar con respaldo judicial, y afecta a personas en situación de vulnerabilidad y sin alternativa habitacional. Es el caso que exponen como argumento sobre su situación Margarita, su familia y Stop Desahucios. Y con esa esperanza mantienen su vida bajo el techo de su piso.