El Gobierno calcula que hasta 5.000 personas se pueden beneficiar en Córdoba del proceso de regularización de inmigrantes

La Subdelegación del Gobierno en Córdoba calcula que hasta 5.000 personas podrían beneficiarse en la provincia del proceso extraordinario de regularización de inmigrantes puesto en marcha por el Ejecutivo central, una cifra aún provisional que dependerá del desarrollo del procedimiento abierto hasta el próximo 30 de junio.

Así lo ha señalado este lunes la subdelegada del Gobierno en Córdoba, Ana María López Losilla, durante una visita a la oficina de la Seguridad Social habilitada para tramitar presencialmente las solicitudes, donde ha destacado la “normalidad” con la que se ha desarrollado la primera jornada de atención presencial, sin incidencias y con citas aún disponibles.

El proceso, aprobado mediante Real Decreto la pasada semana, quedó abierto por vía telemática el día 16 de abril y desde este lunes incorpora también la atención presencial en la oficina habilitada en Córdoba capital, además de varias oficinas de Correos autorizadas para recoger documentación.

Según los datos facilitados por la Subdelegación, desde la apertura del trámite online se han registrado ya 113 solicitudes telemáticas en la provincia. En la jornada presencial de este lunes estaban previstas 36 citas en la oficina de la Seguridad Social, aunque finalmente acudieron 24 personas.

López Losilla subrayó que la menor afluencia inicial responde, en buena medida, a que muchos potenciales solicitantes aún no disponen de toda la documentación exigida. Entre ella figuran certificados de antecedentes penales del país de origen, de España y de otros países en los que hayan residido en los últimos cinco años, además de otros justificantes según cada caso.

Colas para obtener certificados

La subdelegada reconoció que durante la jornada se habían producido colas en el Ayuntamiento de Córdoba para solicitar certificados necesarios, especialmente los relacionados con situaciones de vulnerabilidad, aunque insistió en que el arranque del proceso se está desarrollando con absoluta normalidad. “Las oficinas están perfectamente atendidas, no está habiendo avalancha de gente y no se está produciendo ningún tipo de incidente destacable”, afirmó.

En este sentido, quiso rebajar las advertencias sobre una posible saturación administrativa y defendió que tanto la Administración General del Estado como las oficinas habilitadas están haciendo “todo lo que está en su mano” para facilitar el procedimiento dentro de sus competencias.

Tres vías para acceder a la regularización

Por su parte, la jefa de la Dependencia de Trabajo e Inmigración, Raquel Casado, aclaró que no todas las personas solicitantes necesitarán acreditar vulnerabilidad social, ya que el decreto contempla tres vías diferentes de acceso a la regularización.

La primera está vinculada a contar con empleo, haber trabajado o disponer de previsión de contratación. La segunda se refiere a vínculos familiares o hijos en España. Solo quienes queden fuera de estas dos situaciones deberán aportar el certificado de vulnerabilidad.

Casado pidió a los medios de comunicación que trasladen esta información para evitar desplazamientos innecesarios y nuevas colas administrativas, ya que muchas personas podrían tramitar su solicitud mediante contrato laboral o acreditando arraigo familiar.

Un millar de expedientes de arraigo pendientes

Además del procedimiento extraordinario, la responsable de Trabajo e Inmigración explicó que la Oficina de Extranjería tramitará por una vía simplificada todas las solicitudes de arraigo presentadas hasta el pasado 15 de abril, dentro de un plan de choque estatal destinado a reducir retrasos.

En el caso de Córdoba, esta medida podría afectar a unas 1.000 personas adicionales, cuyos expedientes deberán resolverse antes del 15 de junio para que, en caso de denegación, aún tengan margen de acogerse al nuevo proceso extraordinario.

Sumadas ambas bolsas de posibles beneficiarios —las 4.000 personas inicialmente estimadas y ese millar de expedientes pendientes de arraigo— la cifra global podría alcanzar las 5.000 personas, aunque la Subdelegación insistió en que no habrá datos definitivos hasta el cierre del plazo.

Solicitantes “ilusionados”

Durante su visita, López Losilla aseguró haber conversado con varias personas que aguardaban turno para presentar la documentación y destacó el ambiente de esperanza entre los asistentes.

“He visto a gente muy contenta, ilusionada, feliz, algunos nerviosos porque por fin se arregla su situación después de años”, señaló.

La subdelegada defendió además el impacto positivo de la medida tanto desde el punto de vista social como económico, al considerar que permitirá aflorar empleo ya existente y facilitará mano de obra a sectores como la agricultura, la construcción o el transporte, que han trasladado su respaldo a la iniciativa.