El Gobierno avala la utilidad pública de la gran planta fotovoltaica 'Carbo'

Un paso más después de varios años donde los trámites estaban siendo los principales protagonistas. Y es que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha declarado la utilidad pública de la planta fotovoltaica Carbo. Esta es una de las instalaciones más grandes de este estilo proyectadas en la provincia de Córdoba, y que congregará una potencia instalada de 81,40 MW. Además, el proyecto incluye una infraestructura de evacuación a 30 kV.

La resolución aparece en el Boletín Oficial del Estado el pasado 25 de agosto, aunque fue emitida por la Dirección General de Política Energética y Minas. Este documento permite a la empresa Enel Green Power España S.L. culminar los trámites previos para construir dicha planta en los términos municipales de Fuente Palmera, Guadalcázar y Almodóvar del Río. Unos trámites que se han alargado excesivamente en el tiempo.

Y es que esta planta fotovoltaica ha superado un procedimiento administrativo que se inició durante 2023. De hecho, este periódico informó hace dos años que Endesa recibe el permiso para construir Carbo durante la segunda mitad del año, pero, sin embargo, no pudo ser así. El proyecto recibió una autorización administrativa previa en abril y en 2024 la de construcción. Una vez conseguido este documento, la empresa actual solicitó la declaración de utilidad pública que en agosto de 2025 ha conseguido.

Aun así, no fue fácil, porque tuvo que congregar informes del Servicio de Carreteras, de Adif y de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Esta última recordó la afección sobre cauces públicos. Sin embargo, ninguna de ellas pusieron una oposición relevante. Además, los ayuntamientos afectados y el Servicio de Vías Pecuarias emitieron contestación a los requerimientos, por lo que la normativa lo interpreta como conformidad.

Implicaciones de la declaración

Ahora bien, ¿qué significa que el Gobierno haya dado la utilidad pública a la planta fotovoltaica? Pues supone el derecho a ocupar terrenos de dominio o uso público necesarios para su instalación, por lo que se garantiza la viabilidad del proyecto. Además, la autorización se otorga sin perjuicio de otras licencias urbanísticas, ambientales o sectoriales que sean necesarias para su ejecución.

Contra esta resolución, que no agota la vía administrativa, cabe interponer recurso de alzada ante la Secretaría de Estado de Energía en el plazo de un mes a contar desde su notificación o publicación.