Familias de dos andaluces presos en Guinea Ecuatorial protestarán el sábado en Córdoba por “el abandono” del Gobierno

Las familias de los dos andaluces detenidos y encarcelados desde enero de 2025 en Guinea Ecuatorial, David Rodríguez Ballesta (natural de Granada) y Javier Marañón Montero (cordobés de Peñarroya-Pueblonuevo), han convocado una manifestación para el sábado, 31 de octubre, a las 12,00 horas, desde la Estación de Tren Julio Anguita hasta la Subdelegación del Gobierno en Córdoba, tras la celebrada el día 10 en Granada con el mismo fin, criticar el “abandono” del Ejecutivo a este caso del que lamentan que próximamente habrá un juicio “sin pruebas”.

Según ha trasladado a Europa Press el hermano de Javier, Aarón, “el Ministerio de Asuntos Exteriores no responde a las peticiones que se hacen desde las familias”, mientras que la empresa para la que trabajaban ambos en el proyecto de dicho país “no concreta el acuerdo, no paga”, ha lamentado.

Desde la Asociación de Ayuda Javier y David-Derechos Humanos ya señalaron con motivo de la concentración de Granada que el objetivo es “visibilizar la situación de extrema gravedad y riesgo vital” que sufren David y Javier, “detenidos arbitrariamente” en la prisión de Black Beach (Malabo) desde hace más de 20 meses.

La asociación que apoya a estos andaluces expone que ambos son empleados privados del sector de las telecomunicaciones y asegura que “han sido utilizados como rehenes humanos en un conflicto económico ajeno a ellos”. Ambos detenidos están vinculados a una empresa que fue contratada para el despliegue de la Televisión Territorial Terrestre (TDT) en el referido país africano.

“Juicio inminente sin pruebas”

La asociación aseguró que una de las principales razones de la protesta es un “juicio inminente sin pruebas”. Al respecto, detallaron que el sumario tramitado en Malabo “carece por completo de pruebas de cargo o evidencias contra los dos españoles, pretendiendo juzgarlos por un delito (enriquecimiento ilícito) reservado por la propia ley ecuatoguineana a funcionarios públicos”.

En segundo lugar, las familias critican “inacción del Gobierno de España y negociaciones fallidas”. En este punto, reprochan que “el Ministerio de Asuntos Exteriores se ha limitado a respuestas de trámite y asistencia consular ineficaz, eludiendo la activación de presiones políticas directas o coordinación con el Parlamento Europeo”. Y añadieron que “las negociaciones por el dinero que piden para su rescate no avanzan”.

Las familias inciden especialmente en “el riesgo vital e insalubridad” que sufren Javier y David: “Los dos españoles padecen patologías crónicas sin atención hospitalaria, sobreviven sin agua potable ni comida salubre provista por el penal y han triplicado el límite legal máximo de prisión preventiva fijado por la ley”.

Y, además, aseguraron que les han sido prohibidas en numerosas ocasiones las visitas de sus abogados “y no permiten siquiera la entrada de un médico que valore sus enfermedades y dolencias”.