La extracción de agua en Las Siete Fincas: multas e intentos de regularización

La extracción y suministro de agua de acuíferos por parte de la empresa Adaros de Córdoba S.A. para el abastecimiento de las parcelaciones de Las Siete Fincas, en plena Sierra en Córdoba, encadena denuncias, multas, expedientes sancionadores y el intento de regularizar esa actividad para que sea autorizada. A final del año pasado hacían frente a una multa de 101.000 euros de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), que pagaron a la Agencia Tributaria encargada de ejecutar un embargo preventivo; pero la extracción no autorizada prosigue y este mismo mes de febrero la CHG le ha vuelto a abrir otro expediente de sanción. Entre medias, se tramita la petición de Adaros para un cambio en la concesión de aguas, de manera que sea autorizado por la administración y, legalice el abastecimiento de agua que viene haciendo sin autorización.

La Confederación comprobó que la citada empresa abastecía de agua a 260 parcelas de la Sierra cuando contaba con autorización solo para hacerlo en una vivienda. Ante ello, el expediente abierto en su día se resolvió con sendas sanciones por superar el volumen de agua consumido para abastecer a las parcelaciones de Las Siete Fincas y por el daño al patrimonio público hidráulico. Finalmente, la multa se elevó a un total de 101.338,32 euros y, además, la Confederación instó a la Agencia Tributaria a que ejecutara el cobro.

A finales del pasado año, la comunidad de usuarios y la empresa Adaros hacían el pago de la sanción a la Agencia Tributaria, para levantar el embargo que pesaba sobre el conjunto de sus propiedades, incluidos los pozos de donde se extrae el agua para abastecer a las parcelaciones, y lo hizo con el fin de seguir con el suministro.

Así las cosas, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir acaba de abrir en este mes de febrero otro expediente sancionador y ya lo ha comunicado a la empresa, según han confirmado fuentes de la CHG a este periódico. Este nuevo expediente replica la motivación del anterior, y es que se incoa por exceder el volumen anual extraído, constatado durante tres años; es decir, por proseguir la extracción para 260 parcelas cuando tiene autorización para una.

No obstante, entre expedientes sancionadores, la empresa ha solicitado un cambio en la concesión de aguas que tiene, de manera que se ajuste lo autorizado a lo que realmente extrae de los pozos y consumen las parcelaciones a las que suministra. Esta solicitud tiene la tramitación muy avanzada y ya solo le faltaría el informe sanitario por parte de la Junta de Andalucía, según confirman desde la Confederación a este medio.

Inspección y alegaciones

El expediente sancionador que acabó con una multa de 101.000 euros por parte de la Comisaría de Aguas de la CHG se produjo después de una denuncia del Servicio de Control y Vigilancia del Dominio Público Hidráulico, que atendió a su vez denuncias y requerimientos de una vecina de la zona para preservar los acuíferos, y tras la comprobación y visita in situ de los hechos probados contra la empresa suministradora de agua en esta zona de la Sierra.

La Confederación sostuvo que los hechos probados –“por otra parte reiterados en el tiempo”-, eran constitutivos de “infracción administrativa menos grave” y constató que había existido una “infracción continuada en el tiempo detrayendo recursos hídricos sin amparo legal y ocasionando un daño al Dominio Público Hidráulico reiterado”.

La cuantificación económica de la multa se basó en la afectación del dominio público hidráulico y el agua extraída, valorándose la “especial protección de bienes de naturaleza pública dado el interés general, así como la reiteración en la infracción imputada”. Asimismo, se impuso la obligación de abstenerse de captar agua para un uso distinto del autorizado ni por mayor volumen. 

En la tramitación del expediente, Adaros de Córdoba S.A. presentó una serie de alegaciones argumentando “que no existen otros medios de suministrar agua a Las Siete Fincas más que las cuatro captaciones de agua inscritas en Catálogo de Aguas Privadas”, a lo que la CHG responde que esto no amparaba el incumplimiento de exceso de captación y usos.

Asimismo, la empresa sostiene que la captación de agua sirve también para los hidrantes dispuestos en la zona para uso del Infoca contra posibles incendios, y que considera que no se ha dañado el Dominio Público Hidráulico con su acción, sino que se “ha contribuido al equilibrio del uso del agua en la zona y ha evitado apertura de pozos individuales”. Sobre estas alegaciones, la CHG señalaba que no alteraban los hechos imputados, por los que se elevó la sanción finalmente.

Ahora, está en marcha un nuevo expediente sancionador mientras, a la vez, se tramita el cambio de la concesión de agua. Habrá que esperar al resultado de esta tramitación y a los informes, para ver si se autoriza o no la extracción de acuíferos de la Sierra que ha sido multada hasta ahora por el daño al patrimonio público hidráulico.