Un estudio de la UCO reclama políticas migratorias que garanticen los derechos de los menores

El investigador de Derecho Constitucional de la Universidad de Córdoba (UCO) Carlos Arce ha publicado un estudio en el que examina las dimensiones jurídica, social y política de la infancia migrante, defiende la necesidad de transformar las políticas migratorias y propone alternativas para garantizar sus derechos.

Según informa la UCO en su web, consultada por Europa Press, a partir de los años 90, España dejó de ser “un país de emigrantes para convertirse en uno de los principales destinos de la movilidad internacional”, un cambio demográfico conlleva “un incremento de la diversidad de la población que se ha producido, además, en un corto espacio de tiempo, y que plantea evidentes desafíos sociales, políticos y jurídicos”.

En este contexto, la infancia migrante se ve atravesada por una doble dimensión, pues, por un lado, está su minoría de edad y, por otro, su condición de personas migrantes. Con este punto de partida, el investigador Carlos Arce ha publicado un estudio que, bajo el título, 'La infancia migrante como titular de derechos fundamentales: de la especial protección a la criminalización', aborda la realidad de este colectivo y propone alternativas que garanticen de manera eficaz el disfrute de sus derechos fundamentales.

La monografía ha sido publicada en la editorial Atelier y “explora las contradicciones prácticas entre las leyes nacionales e internacionales que reconocen los derechos de la infancia migrante y el alcance de las políticas migratorias”. El autor, que investiga en el grupo 'Democracia, Pluralismo y Ciudadanía', sostiene que los menores migrantes “pueden tener reconocidos determinados derechos, pero encuentran barreras para ejercerlos efectivamente”, pues, “por ejemplo, la nacionalidad condiciona su acceso a una ciudadanía plena”.

Además, el libro se detiene en la situación de los menores migrantes no acompañados y “el impacto de determinados discursos políticos y mediáticos, que los criminalizan y señalan como potenciales delincuentes en lugar de considerarlos como niños y adolescentes con derecho a recibir protección”. En este punto, Arce analiza las dificultades del sistema de tutela y los procedimientos de repatriación, y defiende la necesidad de transformar las políticas migratorias para garantizar los derechos de la infancia.

El estudio sostiene que los niños y adolescentes migrantes “deben ser reconocidos como sujetos de derecho independientemente de su nacionalidad o situación administrativa”. Para ello, “no basta con disponer de leyes protectoras sino que es necesario aplicarlas de manera efectiva, combatir los prejuicios sociales y garantizar el acceso real a los recursos y servicios básicos”.