Empleados de la Dependencia en Córdoba denuncian alteraciones de expedientes, dejando atrás los de hace dos años

Trabajadores de Córdoba encargados del servicio de la Dependencia, gestionado por la Junta de Andalucía, han denunciado públicamente el cese de la jefa de este servicio, Auxiliadora Fernández Díaz, en un momento “crítico” para la Dependencia en Andalucía. Para estos empleados, esta decisión viene motivada después de que Fernández se haya negado a “incumplir la legalidad”, mientras que Inclusión ha asegurado a este medio que “se trata de un cargo de confianza” que ha cambiado “ante una renovación del equipo”. Además, ha rechazado las afirmaciones esgrimidas por los empleados, a quienes se le pida “siempre que cumplan la ley”.

Sin embargo, desde la Plataforma Andaluza Personal de Atención a la Dependencia (PADAD) afirman que el cese responde a la “firme decisión” de Fernández de “no contravenir el ordenamiento jurídico, ya que un jefe de servicio debe proteger los principios que sustentan el servicio público y la Ley de Procedimiento Administrativo”.

En un extenso comunicado, la PADAD se está refiriendo a desórdenes de expedientes que se estarían produciendo en Dependencia. “Cualquier mandato que pueda alterar este orden debe acompañarse de un instrucción motivada y por escrito que la justifique. De no ser así, los implicados en la gestión y quienes firman las resoluciones administrativas podrían verse involucrados en una vulneración de la norma, con sus correspondientes consecuencias. No se trata de una negativa a acatar órdenes de un organismo superior, sino de una exigencia justa de seguridad jurídica para quienes estamos en el terreno y para quienes, con posterioridad, tienen que dar las explicaciones que la ciudadanía exige cada vez con más frecuencia”.

Para sustentar esta afirmación, la Plataforma asegura que los empleados públicos ven “cómo diariamente se agendan y visitan domicilios cuya solicitud inicial es muy reciente, sabiendo que existen miles de solicitudes iniciales y revisiones anteriores a marzo de 2024 (de los años 2022 y 2023) que siguen esperando, sin horizonte de ser atendidas, porque no se han migrado, grabado o activado en el nuevo sistema de gestión de los servicios centrales, que es quien en la actualidad asume este cometido”.

En el escrito, los trabajadores han mostrado fervientemente su apoyo a Fernández. “Durante los años que ha ocupado su cargo ha sido capaz de generar un grupo compacto y recuperar un clima laboral que se había visto sacudido en etapas anteriores”. “Talante abierto y comunicativo”, “empatía con el equipo”, “trabajadora incansable, implicada, resolutivo, siempre predicando con el ejemplo”, “leída e instruida en las novedades legislativas”, “líder democrática, carismática y querida” son algunos de los calificativos que ha recibido esta profesional por parte de estos trabajadores, quienes destacan, además, “su rigurosidad y convencimiento de servicio público”.

Estas y otras “virtudes” que describen en el comunicado “han dado seguridad a todos los que formamos este servicio, pues hemos trabajado con la certeza de estar haciendo las cosas lo mejor posible, siempre respetando la norma, a pesar de las dificultades existentes y de la carga de trabajo soportada, sobre todo en los últimos meses”. Todo ello hace que los trabajadores ni compartan ni entiendan el cese. “Es una gran pérdida y resulta complicado aceptar cómo se puede castigar de una forma tan ingrata el trabajo incansable, la implicación, la capacidad, el liderazgo democrático y la vocación de servicio público.

Además, este cese “se produce en uno de los peores momentos que atraviesa este servicio debido a los profundos cambios de gestión”, por lo que los empleados denuncian “incertidumbre, ambigüedad, instrucciones imprecisas e incidencias diarias que dificultad o, directamente, imposibilitan el trabajo del personal”.

Esta transición “está generando malestar en el personal, tanto de oficina como de valoraciones, que se ve sobrepasado por unos objetivos inalcanzables que no tienen en cuenta las incidencias que se suceden en el dci a día”. Esto “ha convertido un equipo sólido, motivado y solidario en uno debilitado y desanimado, poco proclive, ahora, a hacer los esfuerzos añadidos tantas veces solicitados y de los que el sistema, hasta aquí, tanto se ha beneficiado”; un sistema que ve “cómo las bajas laborales por ansiedad van en aumento y donde se ha instaurado un fuerte sentimiento de impotencia por querer y no poder”.

En última instancia, los trabajadores de la Dependencia de Córdoba no cuestionan de las “competencias” que tenga el próximo jefe de servicio, “pero qué duda cabe que necesitará un tiempo para comprender uso sistema tan complejo” como este; “tiempo que no tenemos en este momento en el que se requiere rapidez y determinación en al toma de decisiones”.

Sobre las alteraciones en la incoación de expedientes, los trabajadores han insistido en que cualquier decisión de este tipo “deberá acompañarse de una instrucción escrita y, en ningún caso”, van a trabajar “al arbitrio de decisiones” que vulneren derechos fundamentales. Por ello, han solicitado que se graben y se migren todos los expedientes anteriores a la fecha de entrada en vigor del nuevo Decreto Ley 3/2024, del 16 de marzo, para que se puedan tramitar, respetando el orden de entrada de los mismos.

Este escrito ha sido remitido a la Delegación Territorial de Inclusión y a la Secretaría General de la Consejería de Inclusión en Córdoba, a la Dirección Gerencia de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, a la Consejería de Inclusión, a la Fiscalía de Mayores y Discapacidad de Córdoba, al Defensor del Puente Andaluz y a los sindicatos mayoritarios.