Denuncian que el curso en Córdoba ha arrancado con la falta de 176 docentes

El arranque del curso escolar en la escuela pública cordobesa ha puesto de manifiesto, según denuncia el sindicato Ustea, la “falta de previsión y el abandono por parte de la Delegación Territorial de Educación de Córdoba”. El sindicato ha denunciado que el curso ha comenzado en Infantil y Primaria con la falta de 176 docentes que tenían que haber estado en sus centros y lo harán, como pronto, el lunes. “En los institutos faltan, a día de hoy, 145 docentes en la provincia, lo que dificulta la organización y el normal funcionamiento de los centros”, lamentan.

Para Ustea, esta situación ha evidenciado que la Administración, que conoce de antemano las necesidades de los centros, “no ha actuado con la celeridad necesaria para garantizar que el profesorado esté incorporado desde el primer día de curso”.

Así, informan de que cientos de centros han comenzado con graves carencias de personal. Es el caso del CEIP Carlos III de La Carlota, con cinco sustituciones pendientes; del CEIP Profesor Tierno Galván (El Arrecife), con cuatro; del CEIP Miguel de Cervantes, de Montemayor, o del CEIP Al-Ándalus en la capital, con tres bajas; del CPR Maestro Rafael Chacón, en El Palomar (Puente Genil), que mantiene dos bajas sin cubrir, al igual que el CEIP La Guijarrosa, CEIP Montealto, el CEIP San José de Palenciana o el CEIP Marqués de Guadalcázar; o del CEIP Fernán Pérez de Oliva, CEIP Salvador Vinuesa o CEIP Urbano Palma (Santaella) en la que no se ha cubierto una baja de larga duración que se había pedido desde hace semanas.

“Esta situación ha generado graves dificultades en la organización y el funcionamiento de los centros y evidencia que la falta de recursos humanos no responde a una falta de profesorado, sino a una decisión de la propia Administración que, además, se traduce en un ahorro salarial para la Consejería”, exponen.

Sonia León, responsable de Ustea Córdoba, declara que “la falta de planificación es clara por parte de la administración. Cientos de maestros en Córdoba y miles en Andalucía no están actualmente en sus centros por esta falta de planificación y los que, con suerte, se incorporan hoy, lo hacen sin tiempo suficiente para preparar la acogida del alumnado. En el CEIP Sor Felipa de la Cruz de Belalcázar, por ejemplo, han llegado hoy 7 personas interinas.¿Cómo se organiza un centro así?”

A esta situación se suma “el despropósito” generado el pasado lunes con la adjudicación de destinos del profesorado en Andalucía. La Junta de Andalucía ha atribuido a un supuesto “error informático” la necesidad de repetir el procedimiento. Para Ustea, este nuevo episodio evidencia la falta de previsión y coordinación de la Administración y ha obligado a numerosas personas interinas a asumir desplazamientos, reorganizar su vida personal y laboral e incluso buscar alojamiento en destinos que, horas después, dejaron de ser los que inicialmente se les habían adjudicado. Una situación que el sindicato considera especialmente grave porque vuelve a situar al colectivo interino ante la incertidumbre y la precariedad, “jugando una vez más con sus derechos, su tiempo y su estabilidad”.

Por otro lado, denuncian que las aulas comienzan con una ratio por encima de la permitida. “La ratio legal es de 25 niños y niñas por aula infantil de 4 y 5 años y educación primaria, 30 en la educación secundaria y 35 en bachillerato”.

El sindicato advierte que ha detectado aulas con 26 alumnos en educación infantil en el CEIP Noreña y CEIP Al-Ándalus en la capital; en el CEIP Ginés de Sepúlveda (Pozoblanco) y en el CEIP Ángel Carrillo (Priego de Córdoba).

La portavoz de Ustea Córdoba, ha manifestado que tienen constancia de que “las aulas que superan la ratio legal máxima permitida no son una excepción. Así, ha puesto sobre la mesa que en el CEIP Enríquez Barrios hay un aula con 28 alumnos y alumnas y se encuentran aulas con 27 niños y niñas en primaria tanto en el CEIP Carlos III (La Carlota), CEIP Nuestra Señora de Gracia (Benamejí), CEIP Azahara (Villarrubia), CEIP Antonio Gala y CEIP Noreña en la capital. Asimismo, existen numerosos centros con 26 alumnos y alumnas por aula, como el CEIP Nuestra Señora del Carmen (Lucena) y el CEIP Europa (Córdoba), con varios niveles afectados; o el CEIP Francisco Solano (Montoro) y CEIP López Diéguez (Córdoba), además de decenas de centros más repartidos por toda la provincia.

En los institutos, se pueden encontrar ejemplos de aulas con ratio de 32 alumnos en el IES Blas Infante y 31 en el IES Miguel Crespo (Fernán Núñez), entre otros. En bachillerato, en el IES López Neyra de la capital, hay una clase con 37 alumnos. A ello se añade el elevado censo de alumnado con necesidades educativas especiales que hay en cada clase, lo que dificulta la labor de la enseñanza debido a los escasos recursos personales con los que los centros cuentan para atender a la diversidad.

Además, Ustea ha asegurado que este curso comienza con medio centenar de aulas menos en la escuela pública. Se han suprimido aulas de infantil en el CEIP Los Califas, CEIP Los Mochos, CEIP Romualdo Aguayo (La Rambla), en el CEIP Nuestra Señora de Loreto (Dos Torres) o en el CEIP Monte Alto. Sonia León apunta que “ya son 298 las aulas suprimidas en la provincia de Córdoba y 2758 aulas menos en Andalucía en Infantil y Primaria desde que gobierna el Partido Popular mientras que la escuela privada-concertada mantiene todas sus unidades y aumenta el presupuesto en 1100 millones de euros para este curso”.

La organización sindical ha advertido que el curso comienza, de nuevo, con la eliminación de los auxiliares de conversación en los centros bilingües, graves problemas de climatización y la subida del precio del aula matinal y los comedores escolares, lo que está provocando graves perjuicios personales, familiares y organizativos en la educación pública de la provincia de Córdoba.

Desde Ustea han exigido que se reviertan los recortes de aulas y la privatización progresiva y encubierta por parte del Gobierno de Moreno Bonilla, así como el aumento real de las plantillas y medidas que de verdad supongan un avance para la calidad educativa.

Afirman, con rotundidad, que estarán en las calles “porque la masificación de las aulas y el desmantelamiento progresivo de la enseñanza pública no pueden seguir normalizándose” y avisan de una huelga educativa en noviembre.