La demora de un año y dos meses para la valoración de dependencia en Córdoba motiva un expediente del Defensor

El Defensor del Pueblo Andaluz ha abierto un expediente de oficio dirigido a la Delegación Territorial en Córdoba de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, por la demora que existe en la valoración de usuarios en relación a la Ley de Dependencia. Los últimos datos que maneja la Oficina del Defensor a este respecto señalan que en 2021 el tiempo medio de espera de respuesta y valoración de dependencia era de 434 días en la provincia de Córdoba, es decir, un año y más de dos meses, cuando la norma establece un máximo de seis meses para recibir esa respuesta.

En concreto, la estadística expuesta en la queja del Defensor muestra los días de espera y el número de solicitudes de valoración de dependencia en la provincia de Córdoba durante los años 2019, 2020 y 2021. En el primero, el tiempo promedio de espera era de 380 días para 756 solicitudes recibidas, en el segundo subió a 483 con 776 solicitudes y en el último año del que se ofrecen datos la espera media fue de 434 días y las solicitudes bajaron a 578.

“Hemos de tener en cuenta que hablamos de tiempos medios, por lo que hay personas que han esperado o están sufriendo dilaciones superiores a los dos años, cuando se prevé en la norma de referencia 6 meses hasta dictar resolución”, advierte el Defensor en su queja, consultada por Cordópolis.

Además, asegura que “2022 ha sido una anualidad en la que se ha reproducido el recrudecimiento en el volumen de quejas recibidas por el Defensor del Pueblo Andaluz en materia de discapacidad, continuando esta situación en 2023. Son abrumadoras las demoras inadmisibles en la respuesta de los Centros de Valoración y Orientación de la Discapacidad, tanto en lo referido a las solicitudes de valoración inicial de la discapacidad o de revisión del grado”.

Y recuerda que existe “la obligación de dictar resolución expresa y a notificarla (artículo 21.1 Ley 39/2015) y a hacerlo con la observancia del plazo máximo de seis meses, computados desde la fecha de entrada en el registro electrónico de la Administración u Organismo competente para su tramitación (artículo 21.3.b) Ley 39/2015), hasta su notificación efectiva”.

Requerimiento de información a la Junta

Por todo ello, en el expediente abierto -también en el resto de provincias andaluzas donde la situación es similar-, el Defensor pregunta “por los retrasos en la valoración inicial y en la revisión del grado de discapacidad en Córdoba”.

En ese sentido, requiere conocer las dotaciones de personal de cada Centro de Valoración de la Delegación Territorial en Córdoba, referidas a los ejercicios presupuestarios 2021-2022-2023, incluyendo información sobre si estos puestos de trabajo son de estructura o con carácter temporal, así como las categorías profesionales de los mismos.

El Defensor también pide la ratio que correspondería a la provincia de Córdoba y si se considera que los Centros de Valoración existentes responden a la población demandante, así como a las características geográficas, además de saber si se cuenta con algún procedimiento para priorizar los expedientes de las personas que forman parte de los grupos prioritarios conforme a lo establecido en la Instrucción 2/2021 de la Dirección General de Personas con Discapacidad e Inclusión sobre Procedimientos de Valoración y Utilización de Trámites en los Centros de Valoración y Orientación.

De igual manera, requiere información sobre si la normativa de simplificación de procedimientos ha incidido en una mejora en la tramitación de los mismos, la incidencia en la tramitación de expedientes del nuevo baremo establecido en el Real Decreto 888/2022, de 18 de octubre, por el que se establece el procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad. Y datos relativos al número de solicitudes pendientes de resolución de cada anualidad, los tiempos medios desde la solicitud hasta la emisión de la resolución y su notificación, las principales dificultades encontradas en la provincia para cumplir con los tiempos de la normativa en vigor (6 meses desde la solicitud hasta la notificación de la resolución) y las estrategias y/o instrucciones recibidas de la Consejería encaminadas al cumplimiento de la normativa en cuanto a los tiempos de resolución.

El Defensor también quiere analizar las prácticas de referencia que se hayan implementado para minorar las dilaciones, así como las iniciativas elevadas a la Consejería para tal efecto, las actuaciones de coordinación con otros órganos de la administración para mejorar los tiempos de respuesta (SAS, Centros penitenciarios, colegios profesionales, etc) y cuantas cuestiones estimen oportunas desde la Delegación de Inclusión Social relacionadas con esta queja de oficio.