Seis diputaciones rechazan en Córdoba la ley de la administración local

Los presidentes de Córdoba, Jaén, Granada, Huelva, Sevilla y Cádiz exigen al Gobierno la derogación de esta normativa

Las diputaciones de Córdoba, Jaén, Granada, Huelva, Sevilla y Cádiz han mostrado este lunes, en la sede provincial de la Diputación de Córdoba, su “rechazo unánime y petición de derogación” para la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local en un encuentro de trabajo y coordinación que han mantenido el presidente de la Diputación de Córdoba, Antonio Ruiz; de Jaén, Francisco Reyes; de Granada, José Entrena, y de Huelva, Ignacio Caraballo, junto a la vicepresidenta de la Diputación de Sevilla, Agripina Cabello, el vicepresidente de la institución provincial gaditana, Juan Carlos Ruiz.

Así lo ha señalado el presidente de la Diputación cordobesa en rueda de prensa antes del encuentro que han mantenido en el Palacio de la Merced de Córdoba, quien también ha manifestado que “la Ley de Reforma de los ayuntamientos, ni es racional, ni es sostenible, porque no se le puede pedir a las administraciones más cercanas a la ciudadanía, que son los ayuntamientos, que sus principales problemas no son de nuestra incumbencia”.

Además, el presidente de la Diputación cordobesa se ha preguntado “cómo se puede pedir a los ayuntamientos que no solucionen el problema del empleo y que no articulen políticas y planes municipales” y “cómo se les puede decir que las políticas de igualdad de oportunidades son competencias impropias de ellos”.

En este sentido, Ruiz también se ha preguntado “cómo no se van a articular respuestas para ayudar a las familias más necesitadas” desde los ayuntamientos, dado que constituyen “la administración más cercana y aquella a la que primero se dirigen los ciudadanos con problemas fundamentales, como es el empleo”.

Antonio Ruiz ha hecho hincapié en el efecto de la Ley en las políticas sociales, “desde las cuales se articulan respuestas a todas esas nuevas demandas que, con motivo de la crisis, las familias andaluzas tienen en relación a la pobreza energética y los nuevos riesgos de exclusión social”.

Además, el presidente de la institución provincial cordobesa ha reivindicado que “los ayuntamientos siempre hemos demandado que se nos dote de la suficiente financiación para poder atender todas las demandas de los vecinos porque, además, la Administración local solo representa el 12 por ciento del gasto público y podemos atender muchas necesidades con muy pocos recursos”.

“Esta ley --ha proseguido-- atenta y maniata la autonomía local y lo que hace es confundir a los ayuntamientos, porque es tan difusa y ambigua que depende de la interpretación de interventores y secretarios en cada municipio”. Es más, “esta ley es tan ambigua que incluso, en relación a las políticas sociales, una carta del secretario de Estado plantea una moratoria, lo cual es reconocer el fracaso de esta ley”.

VIOLENCIA DE GÉNERO

Por otro lado, los máximos representantes de las diputaciones andaluzas reunidos en Córdoba han planteado la necesidad de un Pacto de Estado contra la violencia de género ante la situación actual, con más de 50 mujeres asesinadas en lo que va de año en España.

A este respecto, Antonio Ruiz ha indicado que “esta lacra y esta vergüenza social necesita algo más que nuestro compromiso, todos los grupos políticos manifestamos nuestra repulsa unánime ante la violencia machista pero hace falta algo más, dar un nuevo paso y hacer de esta cuestión un Pacto de Estado que conlleve no recortar fondos en materia de prevención y lucha, sino una campaña eficaz de prevención, de educación y formación entre los más jóvenes y políticas efectivas de ayuda a las víctimas”.

Finalmente, la reunión de coordinación ha servido para tratar cuestiones que afectan a todas las administraciones provinciales, como son la situación del olivar, la reforma de la PAC, políticas de concertación con los municipios e inversiones, entre otros.