El PSOE ve el cambio de nombre de calles como “respuesta del PP a las exigencias de Vox”

El Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Córdoba ve en el cambio “exprés” de los rótulos del callejero “la respuesta del gobierno de PP y Ciudadanos a las exigencias de Vox” para conseguir su voto a favor a los presupuestos municipales, “que siguen sin aprobarse a 10 de marzo”.

Según ha expuesto el PSOE en una nota, “las cuentas del Consistorio, que se presentaron el día 31 de enero, siguen sin pasar por Pleno a la espera de la negociación con Vox, un retraso que afectará a la ejecución de las mismas, entre otras cuestiones”.

Para el concejal del PSOE José Rojas, “resultan, cuanto menos sospechosas, las prisas con las que han actuado para llevar a cabo la reversión del cambio de dos de estas que se modificaron, de manera consensuada, después del dictamen de una comisión y en cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática e Histórica de Andalucía”.

El concejal socialista ha recalcado que es “aún más curioso cuando la nomenclatura de las calles es un asunto que durante meses, quienes ahora lo han ejecutado, se encargaron de pregonar que no era importante para la ciudad ni para los vecinos”. Sin embargo, “al llegar al gobierno ha sido una de las pocas medidas que se han llevado a cabo”, ha explicado Rojas.

Contrasta, según ha detallado Rojas, “con que la ciudad lleva paralizada, sin inversiones casi un año y sin presupuestos”, en un ejemplo manifiesto, a su juicio, “de falta de gestión que ya no pueden esconder con más anuncios de planes de choque y titulares vacíos”.

Una vez que el gobierno municipal anunció este cambio, el Grupo Socialista solicitó amparo al Defensor del Pueblo. En diciembre de 2019, admitió a trámite esta petición y solicitó información al Ayuntamiento sobre “la solución adoptada en modo de triquiñuela de renombrar a la calle Cruz Conde --sin José-- y Vallellano --sin Conde--”.

Además, se ha solicitado a la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía que “impulse la creación de un comité técnico que establece la Ley 2/2017 de Memoria Democrática e Histórica, para que estudie y resuelva este tipo de conflictos que dé garantía de legalidad a las decisiones que se adopten”.

Desde el grupo municipal también se ha remitido un escrito al secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, en el que “se detalla todo lo acontecido para que actúe en consecuencia en función de sus competencias”.