El PSOE pregunta al Gobierno si se infló el contrato de la limpieza del río

El diputado Antonio Hurtado reclama información sobre el contrato de la Confederación Hidrográfica y el alcalde asegura que “cualquier ciudadano de Córdoba” sabe que la obra “se ha ejecutado”

“¿Ha detectado el Gobierno alguna irregularidad en la adjudicación o en la ejecución de la limpieza del río Guadalquivir a su paso por Córdoba?”. El diputado en el Congreso por el PSOE cordobés, Antonio Hurtado, ha preguntado al Gobierno si se infló el contrato firmado por 1,3 millones de euros con la constructora Viguecons Estévez para la limpieza del cauce del río, después de la información publicada ayer por El Confidencial en el que se ponía la contratación bajo sospecha.

Hurtado ha presentado una batería de preguntas dirigidas al Gobierno en el que también quiere saber si “¿cómo se adjudicó la prestación de esta obra o servicio?, ¿concurrieron otras empresas a la oferta pública?” o ¿cuál hubiese sido el coste de esta obra o servicio si el adjudicatario hubiera sido la empresa pública Tragsa?“, según consta en el documento. Además, pregunta si se produjo el traslado de los áridos que se sacaron del río a una parcela particular para su posterior reutilización.

El alcalde, José Antonio Nieto, preguntado esta mañana por los periodistas aseguró que “hay una obra que cualquier ciudadano de Córdoba sabe que se ha ejecutado y que se ha ejecutado bien”. Además, el regidor insistió en que si algo se echó en falta en el proyecto es el haber podido destinar más recursos para limpiar el cauce del Guadalquivir de una manera más intensa.

El digital El Confidencial publicó ayer que el comisario de Aguas de la CHG, Rafael Álvarez Giménez, infló en 1,3 millones la limpieza del río a su paso por Córdoba “para corregir los daños causados por las excepcionales precipitaciones”, según anunció el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente el pasado mes de mayo.

Álvarez Giménez, según la citada publicación, encargó esta obra, localizada en ocho hectáreas, a una empresa amiga: Viguecons Estévez. Costó 1,8 millones de euros, frente a la mitad que podría haber costado, según las tarifas de Tragsa, el holding público especializado en obras dependiente de la SEPI.

A ello habría que sumar, siempre según esta información, que la retirada de los sedimentos (áridos) debe realizarse previa autorización de la CHG y a un vertedero autorizado, pero, según la información periodística, no fue así, ya que los áridos se trasladaron a una parcela particular propiedad de la empresa Viguecons Estévez SL, la cual realizó la obra con la empresa Caminos y Cauces SA.