La Junta da de baja 50 pisos turísticos de Córdoba aplicando el nuevo decreto

La Junta de Andalucía ha dado de baja las licencias de 50 pisos turísticos en Córdoba, a petición de los ayuntamientos, por incumplir los planes generales y otras normativas, en aplicación del nuevo decreto de viviendas de uso turístico, aprobado a principios de año.

A nivel andaluz, la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte ha revocado las licencias de un total de 2.445 viviendas turísticas en las ocho capitales andaluzas. Entre ellas, 721 se ubican en Sevilla, 617 en Cádiz, 435 en Málaga, 316 en Granada, 140 en Almería, 87 en Huelva, 79 en Jaén y 50 en Córdoba, según los datos de la Consejería de Turismo.

El consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul y portavoz del Gobierno andaluz, Ramón Fernández-Pacheco, ha defendido este martes que el Decreto 31/2024, de 29 de enero, sobre viviendas de uso turístico “cumple su función” tras las exigencias de los ayuntamientos de capitales como Cádiz y Sevilla sobre eliminación de viviendas con esa calificación porque “permite tomar decisiones.

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, y a preguntas de los medios de comunicación, Fernández-Pacheco ha sostenido que esa normativa autonómica propicia “la regulación de los pisos turísticos”, de manera que ha argumentado que la Consejería de Turismo trabaja con los municipios para “ir aterrizando sobre caso a caso”.

Ha defendido entonces un procedimiento que culmina con “la revocación de la licencia” para operar como vivienda de finalidad turística a partir de una declaración responsable, de manera que la Administración le da “audiencia al interesado” y si “después hay una comprobación de haber incumplido el Plan General de Ordenación Urbana o cualquier otra normativa se revocará” la decisión inicial de conceder esa calificación.

El consejero y portavoz ha sostenido que un procedimiento que sustenta en una declaración responsable no es óbice para que sea seguido de “una labor inspectora”, de manera que “la Administración lo comprueba”.

“La declaración responsable no es patente de corso, en caso de que no se cumpla, se saca del Registro”, ha sostenido.

Cuestionado por el caso concreto de la masiva manifestación que hubo en Málaga el sábado de rechazo a un modelo turístico que ha traído consigo la proliferación de viviendas turísticas, Fernández-Pacheco ha expresado que “respetamos que cualquier andaluz se pueda manifestar de manera libre o democrática”, para seguidamente esgrimir que, más allá de la protesta en sí, la cuestión de fondo es “el problema de la vivienda en España”.

Ha considerado que para el Gobierno andaluz la situación “nos preocupa y ocupa”, de lo que ha puesto como ejemplo que en febrero estuviese en vigor el decreto de vivienda turística, norma a la que ha vuelto a calificar de “una herramienta útil para que los ayuntamientos puedan tomar medidas”.

Fernández-Pacheco ha recordado que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, anunció el miércoles de la semana pasada una nueva Ley de Vivienda de Andalucía en el debate general sobre la situación de Andalucía, además de recordar que “recurrimos ante el Tribunal Constitucional la ley del Gobierno porque entendíamos que no venía a solucionar el problema”, por lo que ha inferido de su argumentación que el Gobierno andaluz “es activo y proactivo ante un problema que es de toda España” y, por ello, “es uno de los grandes retos de nuestros país”.

Cuestionado por cómo podría ayudar una tasa turística a modular el flujo de turistas que llegan a las capitales andaluzas masificadas por ese movimiento, el consejero y portavoz ha remitido al acuerdo que alcanzaron la Consejería de Turismo, la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) y la Confederación de Empresarios de Andalucía para crear un Observatorio.

Una consideración antes de insistir en que el decreto 31/2024 propicia que “los ayuntamientos puedan tomar decisiones”, entre ellas, que los inmuebles para uso turístico “se puede limitar por barrios”, convencido de que la Junta de Andalucía lo que ha hecho “es hacer recaer la potestad sobre los hombros de quienes mejor conocen” la situación de su entorno.

Bellido apoya la retirada de las viviendas turísticas que no cumplan estándares de calidad

Por su parte, el presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) y alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha valorado “muy positivamente” el hecho de que la Junta de Andalucía haya anulado más de 2.000 licencias de viviendas turísticas en las capitales andaluzas, subrayando que el Gobierno andaluz está regulando la situación al pedir “unos mínimos estándares de calidad”.

Así lo ha afirmado Bellido en declaraciones a los periodistas en Córdoba tras presidir una reunión de trabajo de los participantes del proyecto europeo 'OD4GROWTH' sobre datos abiertos, recalcando que la Consejería de Turismo está cumpliendo con el decreto aprobado, pues “está haciendo la parte que dijo que iba a hacer, que era revisar con criterios de calidad, de cumplimiento de su propia normativa, de todas las viviendas turísticas que había en el mercado”.

Según ha continuado Bellido, el consejero del ramo, Arturo Bernal, le trasladó “hace unos meses” la intención de “hacer una revisión por ver si había algunas” viviendas “que no cumplían” los requisitos y así “retirarlas”. De esta forma se están pidiendo “unos mínimos estándares de calidad” a estos alojamientos “para que puedan competir y ofrecer un servicio de calidad”.

Los ayuntamientos están “avanzando en la aprobación de ordenanzas y de instrumentos urbanísticos para la regulación” de estas viviendas “con base al decreto que se sacó la Junta”. Así, el objetivo es “establecer límites en las zonas donde vemos que efectivamente el fenómeno de vivienda turística puede ocasionar un perjuicio al interés general”, ya sea “por elevación de los precios, expulsión de vecinos, molestias urbanísticas y molestias de convivencia”, así como “la aplicación correcta de las reglas urbanísticas”.

Tal y como ha detallado, Córdoba “es de las menos afectadas”, pues “son 50” las licencias revocadas, dado que el “fenómeno de vivienda turística no es tan masivo como en otras capitales andaluzas”. Además de que este dato también supone que “son viviendas que en términos generales han cumplido con la normativa, lo cual es buena noticia”, ha expresado.

Con respecto a la tasa turística, el presidente de la FAMP ha afirmado que “vamos a seguir con nuestro observatorio para la sostenibilidad”, que, además, “tiene en cuenta todo el conjunto de lo que ocurre alrededor del turismo”.

Al respecto, Bellido ha lanzado un mensaje recalcando que el turismo es “la principal industria andaluza” y “queremos es cuidarla y mimarla”, en ningún caso se trata de “atacar a esa industria ni atacar a las empresas que están en ese sector”, sino “todo lo contrario, es cuidar la calidad como se está haciendo ahora con la Junta de Andalucía en las viviendas turísticas”.

Para concluir, ha puesto de manifiesto que hay que hacer que “el fenómeno del turismo siga siendo bien visto por todos nuestros vecinos, es decir, que no traspasemos una frontera donde empieza a haber problemas de convivencia, donde se considere que el turismo no es positivo, sino que es negativo”, eso es a lo que “queremos anticiparnos”.

También se ha manifestado al respecto el vicepresidente de la Asociación de profesionales de viviendas y apartamentos turísticos de Andalucía (Avva Pro), Nacho Chaves, quien, en declaraciones a Europa Press, ha puesto de relieve que el propietario debe tener “posibilidad de audiencia y personarse en la causa para alegar”.

Chaves ha advertido que si no se preserva la garantía jurídica el propietario, el proceso de aplicación del decreto sobre las viviendas turísticas se puede “ver judicializado” y llevar a los gobiernos municipales y autonómicos a verse envueltos en “multitud de trámites jurídicos innecesarios”.