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La Diputación justifica la subida del agua y la basura para “evitar la quiebra” de Emproacsa y Epremasa

Contenedores soterrados acondicionados por Epremasa en un municipio de la provincia.

Jesús Ventura

6 de noviembre de 2025 12:36 h

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La Diputación de Córdoba ha justificado este jueves en la sala de prensa del Palacio de la Merced la subida de las tarifas de agua y basura para la provincia cordobesa debido a la delicada situación económica que atraviesan las empresas públicas Emproacsa y Epremasa. El órgano provincial ha defendido la necesidad de aprobar este incremento propuesto para evitar su quiebra durante 2026 según las previsiones que han aportado a los medios de comunicación.

El presidente de la institución provincial y de Emproacsa, Salvador Fuentes, junto al vicepresidente primero y presidente de Epremasa, Andrés Lorite, han comparecido para explicar que, si no se aplican las revisiones de precios, ambas sociedades públicas podrían entrar en insolvencia antes de 2026. El máximo dirigente de la Diputación ha hecho un llamamiento a la “responsabilidad y sentido común” de los grupos de la oposición, recordando que lo que está en juego es “la salud financiera” de las empresas y la continuidad de servicios básicos como el suministro de agua y la recogida de residuos en los municipios cordobeses.

Epremasa y Emproacsa: deudas millonarias y costes en aumento

Lorite ha apuntado que la empresa de gestión de residuos cerró 2023 con pérdidas de 7 millones de euros y que, sin la actualización de tarifas, las pérdidas alcanzarían los 12 millones en 2026, lo que supondría su “inmediata quiebra”. El informe económico inicial planteaba un incremento del 44% en las tarifas, pero tras sucesivos recortes y una subvención extraordinaria de 2 millones de euros aprobada por la Diputación, la propuesta final se ha reducido a un 17,5%, lo que supondrá un aumento medio de unos dos euros al mes por vivienda.

El vicepresidente ha justificado la medida por tres factores: la repercusión del IPC acumulado, el cumplimiento de la Ley 7/2025 de residuos, que impone nuevos requisitos como el quinto contenedor o, incluso con otra ley anterior, el impuesto al vertedero, y los ajustes sociolaborales destinados a equiparar el servicio de recogida durante los siete días de la semana.

Por su parte, Salvador Fuentes ha recordado que Emproacsa se encuentra en una situación de “quiebra técnica” desde 2023, acumulando una deuda de 14,4 millones de euros. A pesar de que la Diputación ha aportado 59,3 millones en los últimos tres años -22,3 millones para funcionamiento y 37 millones en inversiones-, la empresa mantiene un grave desequilibrio financiero. La propuesta de subida es del 5,37%, equivalente al IPC acumulado de 2024 y 2025, lo que implicaría unos 2,78 euros más al mes para una familia media. De no aprobarse, la sociedad pública acumularía pérdidas de 10,8 millones en 2026 y pondría en riesgo los empleos de sus 300 trabajadores.

Fuentes ha señalado que los costes de gestión han aumentado significativamente: la empresa ha pasado de 47 a 53 depuradoras y de 69 a 80 estaciones de bombeo, mientras que las sanciones de la Confederación Hidrográfica del Guadiana han crecido un 35% y los gastos de materiales y explotación un 20%. “El concepto de pérdida no puede aplicarse a una empresa pública”, afirmó.

Aprobación urgente antes del 1 de enero

Ambas propuestas ya han sido aprobadas en los Consejos de Administración, donde el PP tiene mayoría, pero deberán superar la Comisión Informativa de este viernes para poder elevarse al Pleno del lunes, cosa que, de momento, se ve improbable. El equipo de gobierno necesita al menos la abstención de un grupo de la oposición para que los expedientes prosperen y entren en vigor el 1 de enero, fecha en la que las nuevas tarifas deberían aplicarse por “obligado cumplimiento”.

Fuentes ha advertido que, si las medidas no salen adelante, se generaría una situación “muy peligrosa para los trabajadores”, con falta de liquidez, pérdida de confianza de proveedores y riesgo de insolvencia. “Las empresas públicas no pueden dejar de ser competitivas”, concluyó, insistiendo en que el objetivo del equipo de gobierno es “salvar y equilibrar” dos sociedades que, según defendió, “funcionan bien pese a los desequilibrios heredados”.

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