Los afectados por el incendio del Puerto Calatraveño que en 2021 arrasó 513 hectáreas acuerdan indemnización

La Plataforma de Afectados por el incendio forestal del Puerto Calatraveño, que en agosto de 2021 arrasó 513,42 hectáreas y dañó las propiedades de medio centenar de afectados en el término municipal cordobés de Alcaracejos, en el norte de la provincia, ha informado este jueves de que han alcanzado un acuerdo indemnizatorio.

En una nota, la plataforma, impulsada y dirigida jurídicamente por el despacho de abogados Galámica SLP, ha destacado que ha culminado con éxito un complejo proceso de negociación con los responsables civiles y sus respectivas entidades aseguradoras, acordando el abono de un montante cercano a los cuatro millones de euros.

Ante ello, la plataforma ha valorado la consecución de este “importante hito, fruto de años de trabajo, diálogo y negociación”, al haber logrado una solución que permite a los afectados obtener “una indemnización justa y adecuada por los daños sufridos”.

El acuerdo alcanzado evita la celebración de “un largo procedimiento judicial” y constituye “una respuesta eficaz”, culminando con la renuncia de acciones civiles y penales que todos los afectados, en el marco de las diligencias previas judiciales, encargadas de la instrucción penal, han presentado en el Juzgado.

Asimismo, la plataforma, integrada por la mayoría de los propietarios y perjudicados afectados por el incendio, ha expresado públicamente su agradecimiento al Ayuntamiento de Alcaracejos por la colaboración institucional prestada desde el primer momento. En especial, por la cesión de sus instalaciones para la celebración de reuniones y gestiones relacionadas con el procedimiento, así como por el apoyo constante mostrado durante todo el proceso de negociación siempre que la plataforma lo ha precisado.

Este acuerdo representa “un paso decisivo en la reparación de los daños ocasionados por el incendio” y pone de manifiesto “el valor de la unidad de los afectados y del trabajo desarrollado de forma conjunta por la plataforma, su dirección letrada y las instituciones locales en defensa de los intereses de la ciudadanía”.

En este sentido, han remarcado que “la consecución de este resultado supone un motivo de satisfacción para todos sus integrantes, al haber alcanzado una solución consensuada que ofrece seguridad jurídica y una compensación económica acorde con los perjuicios sufridos”.