La Justicia ordena la readmisión de trabajadores sancionados en Hitachi Córdoba en pleno conflicto laboral

La justicia ha comenzado a forzar la reincorporación de trabajadores sancionados en la planta de Hitachi en Córdoba, en el marco del conflicto laboral que la plantilla mantiene con la dirección desde hace meses. Las primeras medidas cautelares favorables están permitiendo el regreso progresivo de empleados a sus puestos por orden judicial.

Según ha explicado el presidente del comité de empresa, Álvaro García Leiva, las resoluciones están llegando de forma escalonada, ya que las denuncias interpuestas son tanto individuales como colectivas. El comité considera estas decisiones judiciales un “respiro” para las familias afectadas, algunas de las cuales acumulaban hasta dos meses sin percibir salario, con casos que alcanzan incluso los 120 días sin cobrar.

El conflicto afecta a cerca de 80 empleados de una plantilla total de 480 personas. Desde la representación sindical sostienen que la exclusión de este número de trabajadores está teniendo un impacto directo en la productividad de la fábrica. “Si no estamos casi ochenta personas dentro de fábrica, es normal que haya una merma en la producción. No porque no queramos trabajar, sino porque la empresa ha decidido dejarnos fuera”, ha señalado García Leiva.

Además de las medidas cautelares, el comité ha destacado otra resolución judicial relevante: el archivo de la causa abierta por el encierro celebrado el pasado 19 de diciembre en las instalaciones de la planta. El Juzgado de Instrucción número 8 de Córdoba no apreció ilegalidad, daños ni alteraciones del proceso productivo, descartando que se produjera el “motín” al que aludía la empresa.

Una manifestación que llega al Pleno del Ayuntamiento 

García Leiva ha hecho estas declaraciones tras una nueva movilización de la plantilla ante la negativa de la compañía a mantener las reuniones previstas en el marco del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales (CAR) en la Subdelegación del Gobierno. Así, tras una marcha por las calles del centro, decenas de trabajadores han desembocado en la puerta del Ayuntamiento de Córdoba, donde se celebra este jueves el Pleno Ordinario de Febrero.

Ya en el interior, los trabajadores han interrumpido la sesión para pedir al Ayuntamiento que presione a la empresa para que atienda a la plantilla, recordando a los concejales que hay empleados que llevan meses sin poder cobrar la nómina. De hecho, uno de los lemas coreados, era “inversión de primera, condiciones de tercera”, en referencia al hecho de que Hitachi ha recibido 3,2 millones de la Junta para ampliar su capacidad productiva en Córdoba, mientras que la Gerencia de Urbanismo bonificará a la empresas Hitachi el 95% del ICIO de la obra.

Y todo ello mientras que, según contaba el portavoz, Hitachi no quiere avanzar en la negociación y comunicó la cancelación de los encuentros el día anterior a su celebración, alegando que no se cumplían las condiciones necesarias para avanzar en una “desescalada” del conflicto. En este ámbito, desde el comité sostienen que en ningún momento han incumplido los acuerdos alcanzados en el CAR y recuerdan que habían mostrado su disposición a no secundar la huelga si se producían avances reales en la mesa negociadora.

“Nosotros nunca nos hemos levantado de la mesa. Si no hemos visto avances es porque no se nos ha dado la oportunidad”, ha afirmado el presidente del comité, quien considera que la compañía ha dejado “tirado al CAR y a los trabajadores”, ha manifestado, acompañado de la secretaria general de CCOO-A, Nuria López, y la secretaria general de CCOO de Córdoba, Marina Borrego.

El conflicto laboral, que se prolonga desde hace meses, ha derivado en sanciones que afectan a cerca de 80 empleados de una plantilla total de 480 personas. García Leiva ha denunciado además que algunos trabajadores no han podido secundar la huelga tras un acuerdo firmado entre la empresa y el sindicato UGT, que —según el comité— limita la participación en los paros y vulnera un derecho constitucional.

Respecto al ambiente dentro de la planta, García Leiva ha reconocido que el clima es complejo. Aunque parte de la plantilla continúa trabajando, la ausencia de casi 80 empleados sancionados está teniendo impacto en la productividad.

“Si no estamos casi ochenta personas dentro de la fábrica, es normal que haya una merma en la producción. No porque no queramos trabajar, sino porque la empresa ha decidido dejarnos fuera”, ha afirmado.

Desde el comité insisten en que siguen abiertos al diálogo y reiteran su voluntad de retomar las negociaciones para poner fin a un conflicto que afecta a una de las industrias de referencia en la ciudad de Córdoba.