El Gobierno defiende la concesión de la base logística como un ejemplo de “descentralización”

El Ejército de Tierra está inmerso en su particular proceso de reparto de sedes por todo el territorio nacional, coincidiendo con el debate político sobre la deslocalización de nuevas instituciones fuera de Madrid puesto sobre la mesa por el Gobierno de Pedro Sánchez.

El último paso en firme dado por el Ejército de Tierra es el de reapertura del cuartel de Monte la Reina, en Toro (Zamora). Se trata de un terreno de más de 1.200 hectáreas al que volverían más de mil militares tras cuatro décadas de abandono.

Pero el gran proyecto en el que está ahora inmersa la rama terrestre de las Fuerzas Armadas es el de construcción de una gran base logística en Córdoba, que unificará una docena de sedes repartidas por toda España para el mantenimiento de vehículos con el objetivo de mejorar la logística y reducir costes.

El impacto de esta medida sobre la región es muy importante en términos económicos y así lo demuestra el gran número de voluntarios que había para acogerla y el 'tsunami' político que provocó la decisión final, con cruces de acusaciones de favoritismo entre provincias y dirigentes políticos.

Se calcula que el proyecto, que no estará listo antes de 2026, requerirá de una inversión pública de más de 350 millones de euros para dar empleo a alrededor de 1.700 personas entre personal militar y civil, además de los puestos de trabajo indirectos.

Esta gran infraestructura militar se suma a las numerosas sedes que las Fuerzas Armadas tienen ya fuera de Madrid, empezando por las academias militares: el Ejército de Tierra tiene su academia en Zaragoza, la de suboficiales en Talarn (Lérida), y otras tantas en Segovia, Toledo o Jaca (Huesca); la Escuela Naval de la Armada está en Marín (Pontevedra), la de suboficiales en San Fernando (Cádiz) y cuenta también con escuelas en lugares como Cartegena o La Coruña; mientras que la Academia General del Aire está en San Javier (Murcia) y ofrece también instrucción en León, Talavera la Real (Albacete) o Armilla (Granada).

Defensa cuenta con sus principales sedes de mando en Madrid, empezando por el Ministerio, el Estado Mayor de la Defensa (EMAD) y los cuarteles generales de los Ejércitos y la Armada. Pero las Fuerzas Armadas tienen ramificaciones por todo el territorio que fuentes militares señalan además como una oportunidad de acercar su labor a la sociedad civil.

Distribuir riqueza y población

La propia secretaria de Estado de Defensa, Esperanza Casteleiro, hizo hincapié en este punto en su última comparecencia en el Congreso, donde puso los casos de Monte la Reina y Córdoba como ejemplos de “la colaboración del Ministerio de Defensa para conseguir el objetivo de cohesionar territorialmente España, así como favorecer su equilibrio demográfico”. Casteleiro subrayó sus “esfuerzos por equilibrar la distribución de la riqueza y población en nuestro país”.

La ubicación de sedes o cuarteles militares en las provincias es recibida generalmente con aplausos por parte de las instituciones y partidos políticos por sus repercusiones económicas y demográficas. Es el caso de Monte la Reina, que diferentes informes apuntan que tendrá sobre el PIB un impacto de entre 40 y 60 millones y supondrá el traslado a la zona de alrededor de 3.000 nuevos habitantes.

Estos datos sin embargo han levantado la voz de alarma de la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME), que pide que no se trate a los militares como un mero objeto con el que repoblar zonas de la España vaciada. Desde la asociación piden que el traslado se realice atendiendo a sus necesidades, priorizando la voluntariedad y con ayudas a la movilidad, dadas las repercusiones que tiene para su conciliación y vida familiar.

Este debate se reprodujo en la comparecencia de la secretaria de Estado cuando el diputado de Ciudadanos Miguel Gutiérrez tildó de “disparate” los 80 millones de euros que se calculan que requerirá el cuartel zamorano y sostuvo que este tipo de medidas no solucionarán el problema rural que sufre España.

Tanto la secretaria de Estado como los portavoces del resto de grupos parlamentarios replicaron a estas palabras defendiendo su importancia para la región y el propio Miguel Gutiérrez tuvo que matizar sus palabras después en Twitter (Ciudadanos en Castilla y León apoya el proyecto) asegurando que su crítica se dirigía al Gobierno por no contar con un plan de infraestructuras militares y un plan “sensato” de lucha contra la despoblación.

Ya hubo un precedente en Huesca, donde este año se reabrió el cuartel 'Sancho Ramírez' tras tres años cerrado para acoger la División Castillejos, con más de 700 efectivos. Aunque en este caso las obras necesarias para volver a ser puesto en marcha no fueron de la magnitud de las que requiere Monte la Reina.

El deseo político de recibir sedes militares en todos los territorios quedó puesto de relieve también en esa comisión parlamentaria, cuando el diputado del PSOE Manuel Arribas pidió directamente que se tuviera en cuenta a la provincia de Ávila para futuros emplazamientos militares. “Porque nos lo merecemos y porque lo necesitamos”, confesó. “Recibo lo de Ávila y le digo que nunca se sabe. Si fuera posible, naturalmente que estaríamos ahí”, respondió la secretaria de Estado sin comprometerse.

¿Academia de la UME?

También en este sentido, el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, y el alcalde de la localidad abulense de Cebreros, Pedro José Muñoz, han enviado una carta a la ministra de Defensa, Margarita Robles, para pedir que se instale en la provincia una academia de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

Sin embargo, la UME --formada por militares de los dos Ejércitos y la Armada-- no tiene en la actualidad una academia como tal, sino que cuenta con una escuela de formación con sede en la base de Torrejón de Ardoz (Madrid) que coordina los cursos de especialización que se imparten en diferentes centros, acuartelamientos o bases militares de toda España.