Un extrabajador de las Rutas Fernandinas denuncia irregularidades en su contrato con conocimiento del Cabildo

Un antiguo auxiliar de servicio de Servicios Generales, filial de Prosegur, ha denunciado un conjunto de presuntas irregularidades laborales que, según sostiene, se produjeron mientras desarrollaba su actividad en varias iglesias de las Rutas Fernandinas y otros templos dependientes del Cabildo Catedral de Córdoba.

El extrabajador asegura que la contratación, las condiciones laborales y finalmente su despido se realizaron bajo criterios que considera falsos o impropios, y que todo ello ocurrió —según afirma— con el conocimiento del Cabildo, que reconoce haber tenido constancia de ello, aunque cuando ya había sido despedido.

Según declara el afectado, aportando numerosa documentación probatoria, el 3 de abril de 2025 firmó un contrato con la filial de Prosegur para prestar servicio como auxiliar de control y atención al público en distintas iglesias de la ciudad, incluidas varias pertenecientes a la Ruta Fernandina. Sin embargo, al revisar su documentación laboral comprobó que su contrato establecía que trabajaba para el Córdoba C.F..

Los contratos y recibos salariales, a los que ha tenido acceso este periódico, muestran que figuraba administrativamente como empleado vinculado al club de fútbol, pese a que su labor —según su testimonio y según reflejan también los partes de trabajo internos— estuvo siempre adscrita a los templos asignados, y nunca a instalaciones deportivas o actividades del equipo.

En este ámbito, consultadas por este periódico, fuentes del Cabildo Catedral aseguran que la comunicación llegó después de los hechos iniciales. “Nosotros somos conocedores a finales de junio o julio de esta situación”, señalan al respecto. El trabajador solo estuvo dos meses contratado, abril y mayo, según él mismo admite.

Sigue el Cabildo: “En cuanto nos enteramos, lo ponemos en conocimiento de Prosegur y le pedimos que lo solucione. Les pedimos que hagan un arreglo conforme a ley. Nuestra participación es ninguna en este proceso”. Según estas mismas fuentes, el Cabildo entiende que la causa del conflicto fue “un contrato erróneo” elaborado por la empresa.

Un despido justificado por el fin de la temporada del Córdoba C.F.

En su relato, el extrabajador asegura que durante el mes de abril acumuló 142 horas trabajadas, y en mayo 137, muy por encima de las que figuraban en su contrato. A finales de abril recibió su primera transferencia salarial, por importe de 28 euros, lo que motivó que solicitara explicaciones por escrito.

Afirma que, tras su consulta, desde el área de operaciones de la empresa le indicaron que la cantidad respondía a una falta de regularización, y que percibiría el resto al mes siguiente. El trabajador sostiene que finalmente cobró dos nóminas juntas en junio, lo que —según afirma— le obligó a permanecer dos meses sin ingresos suficientes.

El 30 de mayo recibió una carta de despido en la que se le comunicaba la extinción de su contrato fijo-discontinuo debido al “fin de la actividad para la que había sido contratado”, es decir, el final de la temporada del Córdoba C.F. El afectado rechaza por completo este argumento y asegura que nunca ejerció tareas vinculadas al club, sino exclusivamente en parroquias, y que, además, los servicios en los que trabajaba continuaban activos.

El trabajador, ahora en paro, afirma haber trasladado estas circunstancias a distintos responsables, entre ellos el jefe de seguridad de la Mezquita-Catedral y de las Rutas Fernandinas, sin que —según explica— recibiera soluciones. Asegura también que informó al Cabildo y a otros organismos vinculados a la gestión de las iglesias, pero que “no obtuvo apoyo” para su restitución en el puesto. Para ello, además, aporta documentación que demuestra los contactos y el conocimiento de la institución eclesiástica, que ha confirmado en todo momento a este periódico ser conocedora de la situación.

Reconocimiento del despido improcedente

El caso llegó a un acto de conciliación laboral en el que la empresa no se presentó, según señala el denunciante. No obstante, meses más tarde, en septiembre, se produjo un contacto entre la empresa y su abogado. Según el acta de la conciliació la empresa ha reconocido que el despido es improcedente, lo que derivó en la oferta de una indemnización de 1.500 euros, sin acceso a la opción de readmisión.

El afectado sostiene que esta resolución no reparó el perjuicio causado, dado que —según afirma— fue apartado del servicio mientras existían vacantes y mientras él mismo se encontraba en situación de vulnerabilidad económica. Además, lamenta la falta de apoyo del Cabildo, una institución que, a su juicio, “proclama que lucha por la dignidad de las personas, mientras permite estas prácticas en su propia casa”.