Denuncian que el Ayuntamiento “deje expirar” el plazo para tramitar la retirada de la lápida del franquista Cascajo

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Aguilar de la Frontera (Aremehisa) ha denunciado este miércoles que el Ayuntamiento de Córdoba “ha dejado expirar deliberadamente” el plazo legal de tres meses para la tramitación y resolución del expediente con el que se pretendía aprobar la retirada de la lápida de la sepultura del militar franquista Ciriaco Cascajo, lo que obligará al alcalde, José María Bellido, a acordar el inicio de nuevo del procedimiento.

A través de una nota de prensa, el colectivo memorialista ha lamentado que el Consistorio cordobés “vuelva a demorar premeditadamente la retirada de la lápida de la tumba de Cascajo, esta vez optando por dejar agotarse el plazo legal de tres meses para la resolución del expediente 2024/7688, iniciado el pasado 30 de mayo con el objetivo de adecuar la inscripción de la lápida del militar golpista al texto de la Ley de Memoria Democrática. Ahora, gracias a la indiferencia del Ayuntamiento, este tema cae de nuevo en saco roto”.

Cabe recordar, que Aremehisa registró la petición por primera vez en el Ayuntamiento de Córdoba en mayo de 2018 y, ante la falta de respuesta y colaboración del mismo, decidió buscar amparo en el Defensor del Pueblo Andaluz en febrero de 2019. “La última información que ha recibido el Defensor por parte del Ayuntamiento ha sido para comunicarle la noticia de que el expediente está caducado porque se ha excedido el plazo y que ahora habrá que iniciar uno nuevo. Tras más de seis años de reclamaciones, el desde el Consistorio siguen resistiéndose a cumplir con la ley”.

Asimismo, el colectivo memorialista ha advertido que “tal y como están las cosas ahora mismo en el Ayuntamiento de Córdoba, va a ser difícil que, ni con el ya expirado ni con el inicio de otro nuevo expediente, se pueda tramitar el asunto en forma y plazo adecuado, ya que una de las condiciones para llegar a un acuerdo de resolución es que la Comisión Municipal de Memoria Histórica, inexistente hasta el momento, se pronuncie al respecto”.

En este sentido, Aremehisa ha pedido al alcalde de Córdoba que “acuerde el inicio de un nuevo expediente y lo resuelva definitivamente en forma y plazo, dando cumplimiento, de una vez por todas, a la Ley de Memoria Democrática que ampara el derecho de miles de víctimas del franquismo”.  

Inicio del expediente hace más de tres meses

A primeros de junio, el Ayuntamiento de Córdoba, en aplicación de la Ley de Memoria Democrática, iniciaba un expediente administrativo para determinar la adecuación de la inscripción en la lápida de Ciriaco Cascajo Ruiz, ubicada en el cementerio municipal de La Salud. Este procedimiento responde a una queja presentada por la entidad Aremehisa y está en consonancia con la normativa vigente que busca retirar elementos contrarios a la memoria democrática.

La inscripción objeto de revisión reza: “Yace aquí el cuerpo del Excmo. Sr. Don Ciriaco Cascajo y Ruiz. General de División, patriota ejemplar, hijo predilecto de Córdoba y su más enérgico y decidido defensor en el Alzamiento Nacional de 1936...”. La legislación establece que las administraciones públicas deben retirar estos elementos cuando se encuentren en espacios públicos o de uso público, salvo que se trate de menciones de estricto recuerdo privado sin exaltación de los enfrentados.

El Defensor del Pueblo Andaluz había solicitado información sobre el estado de tramitación de este expediente, que ahora será reiniciado debido a la caducidad del proceso anterior. El alcalde de Córdoba, José María Bellido Roche, ha firmado el decreto correspondiente, que incluye la designación de un instructor para el procedimiento y la notificación la decisión al Defensor del Pueblo Andaluz.

La tramitación del expediente incluirá la fase de instrucción, la remisión del caso a la Comisión Municipal de la Memoria Histórica y un informe de la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento. El plazo máximo para resolver y notificar es de tres meses.

Siendo entonces coronel Cascajo, el 18 de julio de 1936, proclamó el estado de guerra en Córdoba y durante los años de la guerra fue la máxima autoridad militar en Córdoba, cuando fueron fusiladas miles de personas defensoras de la República.