La Confederación ya sancionó al Ayuntamiento por verter aguas residuales al arroyo Molino en 2019

La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) -que ha abierto recientemente un expediente sancionador contra el Ayuntamiento de Córdoba por la aparición de aguas residuales en el arroyo Molino y el paraje de los Baños de Popea-, ya sancionó al Consistorio por verter en 2019 aguas residuales incorrectamente tratadas al cauce de dicho arroyo.

Los análisis de las muestras tomadas entonces en los sistemas de tratamiento de aguas residuales en la barriada de Santa María de Trassierra mostraron que su vertido deterioraba la calidad del agua del arroyo del Molino y que, además, se hizo sin autorización de la Confederación.

Según ha podido comprobar Cordópolis, en julio de 2019 y dentro del Plan de Inspección Anual de Vertidos, técnicos de la CHG tomaron muestras del vertido de aguas residuales procedente de la red pública existente en Trassierra, en concreto en los sistemas de tratamiento localizados en el propio ‘pueblo’ y en la urbanización Llanos de Arjona. A primeros de septiembre, la plataforma A Desalambrar denunció igualmente ante la CHG el estado del agua del arroyo del Molino y los Baños de Popea, además de la “inexistencia de sistema de depuración de aguas residuales en las urbanizaciones colindantes”.

La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir constató ese verano sobre el terreno que dichos sistemas de tratamiento “no son adecuados” para conseguir los valores límite de emisión exigibles para el tratamiento de las aguas residuales ni para el cumplimiento de las normas de calidad ambiental. Y, además, no constaba en la CHG autorización al Ayuntamiento de Córdoba para realizar tal vertido, que se evacuaba al cauce del arroyo del Molino. Los análisis de las muestras realizados en el laboratorio constataron que “las aguas residuales analizadas presentan valores de contaminación superiores a los máximos admisibles”.

Con ello, el organismo de cuenca abrió un expediente sancionador contra el Ayuntamiento de Córdoba por “realizar vertidos con capacidad de deterioro de la calidad de las aguas, sin contar con la preceptiva autorización del vertido”, según consta en la documentación a la que ha tenido acceso este periódico. Asimismo, se constató que se habían producido hechos similares anteriormente y que se trataba de un “vertido continuo”, al proceder de una población permanente.

Así, tras la denuncia de A Desalambrar y la denuncia propia del Servicio de Control y Vigilancia del Dominio Público Hidráulico de la CHG, en octubre de 2019 se abrió el expediente sancionador contra el Ayuntamiento por “realizar vertidos de aguas residuales al dominio público hidráulico, procedentes de los sistemas de tratamiento” ubicados en la urbanización Llanos de Arjona y el ‘pueblo’ de Trassierra, “al arroyo del Molino, con capacidad de deterioro de la calidad de las aguas, efectuados sin la preceptiva autorización de vertido de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir”.

La resolución del expediente finalizó con la consideración de una “infracción leve” por los hechos comprobados, que se cuantificó en una sanción de 8.560 euros para el Ayuntamiento de Córdoba y la obligación de cumplir la normativa en cuanto a tratamiento de aguas residuales, de manera que se corrigieran los vertidos disponiendo de un sistema adecuado para tratar las aguas residuales generadas por la población.

Nuevo expediente sancionador ahora

Ahora, de nuevo, la Confederación ha abierto otro expediente sancionador contra el Ayuntamiento de Córdoba después de practicar análisis en el arroyo del Molino y los Baños de Popea y certificar que se trataban de aguas residuales procedentes de los vertidos de viviendas del entorno.

Los resultados de los análisis de las aguas derivaron en una denuncia del Servicio de Calidad de Aguas del organismo de cuenca y, según avanzó Cordópolis, a través de un escrito de la Comisaría de Aguas de la zona de Córdoba de la Confederación, como consecuencia, “se ha incoado expediente sancionador contra el Ayuntamiento de Córdoba”, con fecha 14 de diciembre de 2021. El expediente se abrió a mediados de diciembre pasado contra el Consistorio y actualmente se encuentra en tramitación administrativa.