URBANISMO

Catorce meses con la casa precintada pero “sin expediente” de Urbanismo por unas obras irregulares

Catorce meses con su casa precintada y viviendo de alquiler. Eso es lo que lleva una familia de Córdoba desde que, en enero de 2022, la Policía Local les paralizó las obras que ya habían culminado tras hallar los técnicos de Urbanismo diferencias respecto al proyecto original.

La mujer afectada, María Dolores, madre de dos hijos, explica a este periódico que su intención en todo momento ha sido la de asumir la posible sanción lo antes posible, modificar el proyecto para que se ajuste a la legalidad y poder entrar a vivir a su casa, ubicada en la calle Califato del barrio de Electromecánicas, y que lleva precintada ya casi quince meses con “medidas cautelares” sin que, según declara, “se haya incoado todavía el expediente”.

El relato que hace esta familia de los hechos es el siguiente: solicitaron licencia de obras para construir una vivienda unifamiliar de dos plantas. Las obras se iniciaron y en diciembre de 2021, cuando estaban terminadas, los técnicos de Urbanismo detectaron que no se ajustaban al proyecto original, de forma que en enero de 2022 mandaron a la Policía Local para precintar la vivienda.

Siempre según su relato, el problema que detectó Urbanismo estaba en que el proyecto inicial “no incluía un patio que, en las obras realizadas, sí se mantuvo”. Así, la familia, asesorada por arquitectos y abogados, trató de solventar durante el pasado año esta cuestión “con hasta tres modificaciones de obra que pudieran devolver la casa al proyecto original” y que han enviado a este periódico como prueba.

El último de estos proyecto de modificación tiene fecha de noviembre de 2022, por lo que han pasado tres meses sin obtener respuesta. Aunque el principal enfado de la familia está en que la casa lleva precintada desde enero de 2022 “sin que se haya incoado un expediente”, lo que entienden que “va contra la ley”.

Según venía recogido en el informe de paralización de Urbanismo, el proceso, una vez detectada la presunta irregularidad, es el de incoar un procedimiento de protección de legalidad urbanística, medidas pertinentes para el resarcimiento de los daños y la indemnización de los perjuicios a cargo de quienes sean declarados responsables. Sin embargo, según el testimonio de la mujer -que no ha sido ni confirmado ni negado por Urbanismo a consulta de este periódico-, este procedimiento no se ha incoado.

“No es posible que permanezca ese precinto tanto tiempo y que, una vez notificado, no se haya iniciado ningún tipo de expediente o procedimiento”, señala María Dolores, que indica que está dispuesta a asumir cualquier tipo de sanción por la supuesta irregularidad y sólo pide a Urbanismo que retire el precinto para que ella, su marido y sus dos hijos puedan vivir en la casa.

Desde enero de 2022, de hecho, la familia ha estado viviendo de alquiler y, entre el coste de los arquitectos y los abogados, sostiene que se están “comiendo todos los ahorros”. 

“Tanto la policía, como técnicos de GMU nos indican que somos un caso muy raro, que es una casa en suelo urbano con un precinto, aun estando terminada”, señala en uno de los escritos dirigidos a Urbanismo en busca de una solución que, según afirman, “no termina de llegar”.