El Juzgado de violencia de género de Córdoba deniega un tercio de las órdenes de protección solicitadas

El Juzgado de Violencia de Género de Córdoba rechaza más de un tercio de las órdenes de protección solicitadas. En concreto, y según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), desgranados juzgado a juzgado por Eldiario.es, de las 1.785 órdenes de protección tramitadas, este juzgado ha denegado un total de 629 peticiones. Es decir, un 34,8% de las mismas.

Esta semana, la Fiscalía General del Estado ha destacado en su memoria la “diferencia de criterio” que se sigue en juzgados de toda España en cuanto a las medidas cautelares que se dictan a la hora de proteger a una supuesta víctima de violencia de género. Así, destaca que según la información del Consejo General del Poder Judicial hay juzgados que rechazan la mitad de las órdenes que se solicitan y otros que conceden más del 90% de las mismas.

En Córdoba, esta disparidad de criterio es notable entre el juzgado de la capital y los de los municipios. Así, destaca el caso del Juzgado de Priego de Córdoba. En 2018, de las 72 órdenes de protección que le solicitaron tan solo denegó dos. Es decir, concedió más del 97% de las peticiones que llegaron. El juzgado de la capital es, con diferencia, el de la provincia que menos órdenes concede y que más rechaza.

Además, el juzgado de Córdoba está por encima de la media de Andalucía. En la comunidad autónoma, de media, se concedieron el 70% de las órdenes de protección que solicitaron las víctimas. Es decir, son casi cuatro puntos más, de media, que el principal juzgado de Córdoba.

En Cataluña y en Madrid se han denegado el 46 % y el 44 %, respectivamente, de las órdenes de protección solicitadas. En el extremo opuesto está La Rioja, en la que solo se han denegado el 9 %. Le siguen, con el 15 % de denegaciones, Baleares y la Comunidad Valenciana. Por provincias, se mantiene Valladolid como la que más resoluciones denegatorias registra, con un total del 59 %. En Sevilla desciende el porcentaje de denegaciones respecto a 2017 (49 % en 2018 frente al 60,8 % en 2017). En el ámbito de partidos judiciales concretos, destaca el caso del Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Badajoz, que ha concedido el 90 % de las órdenes de protección solicitadas.

“Estas diferencias de criterios existentes entre los juzgados generan una cierta inseguridad jurídica que es difícilmente compatible con las campañas de incentivación a la denuncia que se promueven desde todos los sectores sociales e institucionales implicados”, denuncia en su memoria la Fiscalía General del Estado. “A falta de un estudio riguroso sobre las causas de esta situación, las experiencias mayoritariamente descritas por las distintas fiscalías apuntan a una insuficiente o deficiente valoración del riesgo, provocado por la escasez de los medios disponibles y su irregular despliegue a lo largo del territorio nacional”, lamenta.