La Junta pide erradicar las “zonas de oscuridad” laboral tras los supuestos abusos de Huelva y Córdoba

El director general de Coordinación de Políticas Migratorias de la Junta de Andalucía, Luis Vargas, ha hecho este lunes un llamamiento para “erradicar” las “zonas de oscuridad” laboral en el campo andaluz, tras los abusos laborales y sexuales que supuestamente han sufrido a manos de patrones jornaleras marroquíes y rumanas durante las campañas de la fresa y la naranja en Huelva y Córdoba, respectivamente.

En rueda de prensa en Córdoba para presentar la aplicación Andalucía Socialmapp para interconectar a todos los agentes que intervienen en los procesos migratorios, Vargas ha recordado que la Junta, en cuanto tuvo conocimiento de los supuestos abusos sexuales a trabajadoras inmigrantes en la recogida de la fresa en Huelva, que fueron “contratadas en origen en Marruecos en el contingente que aprobó el Ministerio de Trabajo”, convocó “inmediatamente a todas las ONGs que trabajan en el ámbito de la inmigración de Huelva”.

En aquella reunión, según ha relatado Vargas, ninguna ONG dijo tener conocimiento de la existencia de “ese tipo de prácticas ilícitas o ilegales y penalmente punibles”. Sin embargo, “una entidad, a raíz de salir de esa noticia, hizo una prospectiva y parece que, efectivamente”, pudo haberse dado tal situación, por lo que la Consejería de Justicia e Interior lo puso “en conocimiento del Ministerio Fiscal en la provincia de Huelva”. Tras esto se abrieron “diligencias de investigación” que, por ahora, han llevado a “un detenido, que han dejado en libertad con cargos”.

Esto, junto con el caso de dos mujeres rumanas que supuestamente también sufrieron abusos mientras trabajaron en la campaña de la naranja en Palma del Río, ha llevado a Vargas a opinar que “estas prácticas, si se han producido, hay que erradicarlas totalmente”. En este sentido ha señalado que “no se pueden permitir zonas de oscuridad o zonas de impunidad” en el campo andaluz, ni en cuanto a “restricciones de derechos en el ámbito laboral”, ni en lo que pueden suponer “ataques a la libertad e integridad sexual de las personas”, sobre todo cuando se trata de “una población vulnerable o indefensa que pueda estar sometida la explotación laboral o sexual”.

En cualquier caso, al director general de Coordinación de Políticas Migratorias le consta que, en el caso concreto de Córdoba, la Policía Nacional y la Guardia Civil “mantienen un dispositivo de vigilancia para prevenir y detectar y, en su caso, llevar al juzgado, este tipo de prácticas” cuya competencia “es exclusiva del Estado”.

Por su parte, el cónsul general de Rumanía en Andalucía, Radu Catalin Mardare, ha explicado sobre este asunto que son muchos los rumanos que trabajan en el sector agrícola andaluz, razón por la que su país mantiene “una colaboración muy estrecha con la Junta de Andalucía, con la Guardia Civil y con las subdelegaciones del Gobierno” central en cada provincia. Todo ello tener “información completa de todo lo que ocurre” y poder ocuparse “de casos que necesitan” de su atención, en un “clima de respeto de la Ley y de buen entendimiento” con las autoridades españolas.