A juicio por ocupar una vivienda y su abogado no se presenta

Antonio Manuel Garrido, Luisa González y sus tres hijos de 6, 7 y 8 años de edad, viven desde hace meses pendientes del juzgado para ver si pueden seguir en su casa o la tienen que abandonar. Situada en el barrio de Santa Rosa y vacía, esta familia la ocupó en septiembre de 2015, teniendo como dato que pertenecía al Banco Santander, aunque finalmente éste la había vendido a una sociedad inversora radicada en Luxemburgo. Este mismo martes se enfrentaban a juicio, denunciados por usurpación, y el proceso ha tenido que retrasarse al no presentarse su propio abogado defensor designado de oficio.

Antes de producirse esa situación, a las puertas de los juzgados y arropados por una veintena de integrantes de las plataforma Stop Desahucios de Córdoba, Antonio Manuel y Luisa esperaban a entrar en la sala con “la esperanza de llegar a un acuerdo y obtener un alquiler social” para seguir habitando en la vivienda. “Confío mucho en el abogado de la otra parte”, llegaba a decir a este medio Antonio Manuel, dando señales de que la defensa que se le había asignado no había mostrado interés por pelear una solución para esta familia. Y, de hecho, no ha acudido al juicio.

“Él ya se ha desentendido”, cuenta Luisa después de haber intentado contactar por teléfono con el abogado sin que les ofrezca una explicación cierta. “Le han puesto una sanción por no presentarse y tendrán que asignarnos otros abogado de oficio”, relata. Pese al fondo de la situación, ella se muestra más tranquila ahora al pensar que la citación judicial se ha retrasado hasta el próximo 10 de enero. “Al menos sé que las uvas me las voy a tomar en el sofá de mi casa”, dice.

Su marido, con una invalidez del 65% por un accidente de tráfico, cobra una pensión de 400 euros al mes. Esos ingresos son con los que ha contado esta familia de cinco miembros hasta ahora, con los que además de su manutención pagaban una multa a la que fueron sancionados por ocupar otra vivienda en Madrid que habitaron durante dos años. A partir de ahora, Luisa y Antonio Manuel aumentarán durante un tiempo esos ingresos y es que, justamente este martes, ella empieza a trabajar con un contrato de tres meses en la empresa de limpieza municipal, Sadeco.

Ambos defienden que en la vivienda que ocupan actualmente y donde llevan más de un año llevan una vida normalizada, con sus tres hijos escolarizados. La esperanza que mantienen es que el próximo abogado que les designen intente llegar a un acuerdo con la otra parte, para ver si existe la posibilidad de que puedan seguir en su casa pagando un alquiler social.

Una esperanza que mantienen con la mirada puesta en un juicio que ya tuvo que ser suspendido en septiembre pasado al no presentarse los agentes que les identificaron en la vivienda y que ahora ha vuelto a retrasarse por la ausencia de su propio abogado defensor.