El juez tumba el acuerdo para reducir la jornada de los funcionarios en Córdoba

Protesta sindical en uno de los últimos plenos del Ayuntamiento | MADERO CUBERO

El titular del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número tres de Córdoba le ha dado la razón a la Subdelegación del Gobierno y ha ordenado anular el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento para volver a las 35 horas semanales entre los trabajadores municipales. Desde el 1 de enero de 2017, el Ayuntamiento estaba aplicando esta reducción de jornada. Ahora, los trabajadores volverán a las 37 horas y media semanales, según ha informado en la mañana de este jueves el teniente de alcalde de Presidencia, Emilio Aumente.

En su recurso, el Gobierno consideraba que el acuerdo del Pleno "vulnera la normativa estatal de carácter básico" ya que "en la práctica" supone un reconocimiento de las 35 horas semanales entre los trabajadores del Ayuntamiento. De hecho, el Ejecutivo insiste en que "la competencia" para regular la jornada laboral de los trabajadores públicos es exclusiva de la Administración General del Estado.

El Pleno del pasado mes de noviembre aprobó la medida, propuesta por el PSOE, no sin polémica. El PP se preguntaba si la misma se iba a aplicar entre toda la plantilla municipal o exclusivamente en los servicios centrales del Ayuntamiento. Finalmente la iniciativa fue aprobada por el Pleno, con los votos a favor de los socialistas, de IU y de Ganemos. El PP, Ciudadanos y UCOR se abstuvieron.

La Subdelegación del Gobierno ya anunció que pediría un informe para determinar la legalidad de la aplicación de las 35 horas en el Ayuntamiento. El Gobierno sostiene que se trata de una medida aprobada por el Ejecutivo de Mariano Rajoy para tratar de enjugar el déficit público, con un aumento de la jornada laboral de los funcionarios y por tanto de su productividad. Sin embargo, los sindicatos han defendido justo lo contrario: que a mejores servicios horarios más flexibles que faciliten, a su vez, la contratación de más personal.

Las 35 horas semanales también se están aplicando entre todo el personal de la Junta de Andalucía, tras un acuerdo del gobierno presidido por Susana Díaz. No es la primera vez que el Ejecutivo impugna acuerdos asumidos por el Ayuntamiento de Córdoba. Ya lo hizo (y los jueces le dieron la razón) con la decisión de que casi todos los servicios municipales fueran considerados como esenciales y así facilitar la contratación de personal.

AUMENTE CULPA AL PP

El concejal socialista Emilio Aumente aseguró que "la situación es bastante grave con respecto al asunto laboral". Así, dijo que "no sé si tendremos que estudiar actuaciones que vamos a poner en marcha. La única alternativa que da el gobierno de Rajoy es que vayamos y le entreguemos la llave del Ayuntamiento para que él abra y preste el servicio a los ciudadanos".

Aumente consideró que "el gobierno del PP siempre ha sido muy restrictivo ante cualquier movimiento para recuperar los derechos de los trabajadores", y ha denunciado que llevar este caso a los juzgados "no lo ha hecho en otros ayuntamientos".

Etiquetas
stats