La Guardia Civil detuvo a Fernández por su “dejadez” en el control del dinero

Los agentes de la Unidad Central Operativa consideran que el exdelegado de Empleo no reclamó que las empresas que recibían dinero público para cursos de formación justificasen debidamente sus pagos

“Se ha demostrado que los beneficiarios no presentaban las justificaciones de las subvenciones en los plazos establecidos sin que existan evidencias de que el órgano gestor, en el ejercicio de sus obligaciones, haya requerido el estricto cumplimiento de ello, pudiendo haber ocasionado, mediante esta dejadez de funciones, un perjuicio al erario andaluz”. Así concluye el atestado de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil dirigido a la titular del Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla, Mercedes Alaya, en el que se propone la detención del exdelegado de Empleo de la Junta en Córdoba y exalcalde de Pozoblanco por el PSOE, Antonio Fernández.

Fernández fue arrestado el pasado 24 de marzo en el marco de la operación 'Barrado', junto a otros 12 exaltos cargos más de la Consejería de Empleo y por orden de Alaya. La Guardia Civil considera que Fernández, durante sus años como delegado provincial de Empleo (junio de 2004 a julio de 2012), obvió todos los controles: “La labor inspectora, cuya responsabilidad recae en el titular de la Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo de Cádiz, no se habría realizado con la diligencia debida, habiendo podido generar una disfunción en la ejecución de las acciones subvencionadas por la Administración andaluza, y por tanto, pudiendo haber causado un menoscabo en los fondos públicos destinados a tales acciones”, señalan los agentes.

En este sentido, la Guardia Civil considera que Antonio Fernández “podría ser el autor de unos hechos que serían constitutivos de los supuestos delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación”, al no haber actuado con la diligencia suficiente, y por eso lo arrestaron. Antonio Fernández, en libertad con cargos, se negó a declarar tanto ante la Guardia Civil cuando fue detenido como ante la jueza Alaya cuando pasó a disposición judicial.

En principio, se calcula que en Córdoba fueron 21 los millones de euros concedidos sin los preceptivos controles. No obstante, un informe posterior de la Intervención General de Fondos de la Junta asegura que entre 2005 y 2012 hay 50 millones de euros para formación en Córdoba que no están debidamente justificados.