Gómez, ante el juez: “Yo no sé ni lo que es el IRPF ese”

(ACTUALIZADO A LAS 13:10)

El constructor, empresario y exconcejal Rafael Gómez, alias Sandokán, ya se ha sentado en el banquillo de los acusados del Juzgado de lo Penal número tres de la Audiencia Provincial de Córdoba. Gómez está siendo juzgado junto a sus cuatro hijos por 11 delitos contra la Hacienda Pública. Todos han coincidido en una estrategia: negar que supieran lo que firmaban y que todo era responsabilidad de los asesores.

Gómez se ha negado a responder a las preguntas de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado, y solo lo ha hecho a las de su abogado. Su estrategia es clara. “Yo no entiendo de eso”, ha repetido en diversas ocasiones en relación a la estrategia fiscal para evadir impuestos de la que se le acusa. “Yo no sé ni lo que es el IRPF ese”, ha llegado a decir.

El exconcejal insistió en que tiene “ningún estudio”, que “escribir no sé y leer, el periódico y cuatro cosillas”. Ante ello, ha alegado que los “temas fiscales” los llevaban “las personas de la oficina”, a los que puso nombre. “Antonio Martínez y Daniel Barrios. Eran ellos dos los que principalmente hacían las cosas junto a los asesores que trabajaban fuera”, dijo.

“Si le digo mi verdad, cuando oigo hablar ahora esas cosas ni las comprendo ni me entero porque no entiendo de eso”, ha llegado a declarar, al tiempo que también ha exculpado a sus hijos de los delitos de los que se le acusan, al considerar que tampoco trabajaban en asuntos fiscales. “De lo único que nos hemos ocupado es de que la empresa creciese y que todos viviésemos bien”, ha llegado a decir.

Antes, a su llegada a los juzgados, donde ha llegado acompañado de su mujer, exculpada en el caso, ha declarado: “Estoy bien, tranquilo. No os preocupéis”, dirigiéndose a los periodistas.

El juicio ha arrancado pasadas las 10:15 de la mañana de este lunes en medio de un gran revuelo mediático. Dos decenas de periodistas siguen la vista pública desde primera hora y han abordado al constructor en la puerta de los juzgados. Gómez ha llegado en un vehículo privado acompañado de su esposa. Sus cuatro hijos, todos procesados, han llegado por separado.

En las cuestiones previas al juicio, la defensa de Rafael Gómez ha pedido la prescripción de los delitos del año 2003 y la recusación de algunos peritos por falta de “imparcialidad”. Sin embargo, estas peticiones han sido rechazadas tanto por la Fiscalía como por la acusación particular, representada por la Abogacía del Estado. De hecho, la Abogacía del Estado ha pedido la anulación de un informe de un perito presentado por la defensa de la familia de Gómez al considerar que está realizado por un antiguo trabajador de Arenal 2000.

Tras Gómez han declarado, uno por uno, sus cuatro hijos, para concluir con su mujer, que no ha contestado ninguna pregunta y que se ha ratificado en lo que testificó durante la instrucción del caso (que ha durado más de siete años).

Así, Rafael Gómez hijo insistió en que en las diferentes empresas “no había jefes” sino que cada uno tenía “su responsabilidad”. “Confiábamos en las personas. Siempre hemos confiado en ellas y así empezó mi padre”, declaró a preguntas de la Fiscalía. “Seguimos trabajando y vamos a seguir”, dijo, al tiempo que se consideró “un trabajador” normal con un sueldo normal. Todos los hijos han declarado que tenían un sueldo mensual de unos 4.000 euros.

Además, también han coincidido en negar que se reuniera la familia para tomar decisiones societarias y que ninguno sabía nada de asuntos fiscales. No obstante, han resaltado los 2.000 trabajadores en nómina que llegaron a tener y que “en las oficinas” había “200 personas” que eran “siempre leales y trabajadoras”, ha declarado el hijo mayor de la familia Gómez Serrano.

Al contrario que sus padres, los cuatro hijos sí que han declarado a preguntas de la Fiscalía Provincial y de la acusación particular, representada por la Abogacía del Estado.

El segundo hijo en declarar fue Manuel Gómez, que al igual que su padre y hermanos aseguraba que “yo no leía los documentos” cuando “íbamos a comprar un solar o algo”. “No sabía ni cuándo ni cómo ni lo sé todavía”, insistió. “Los asesores iban creando las empresas para los distintos negocios cuando ellos iban diciendo que se tenía que hacer”, sostuvo, en referencia a la estrategia de creación de sociedades. “No nos reuníamos nunca ni había consejos de administración”, expresó.

Ante el enrocamiento de la familia Gómez y clara su estrategia, la Fiscalía quiso saber quién era el que tomaba las decisiones en la empresa. Así, el tercer hijo en declarar, José María, aseguró que era “mi padre” el que iniciaba “los negocios porque tiene un buen olfato” pero que “luego lo delega todo”. “Allí éramos todos iguales y trabajábamos por el bien de la empresa”, se defendió, al tiempo que negó que existiesen “objetivos” o “estrategias empresariales”. “Nuestro objetivo era ”llegar a final de mes y ganar cuanto más mejor. Y seguimos igual“, dijo.

De los cuatro hermanos, solo Esther Gómez, licenciada en Derecho, admitió tener “conocimientos de contabilidad”, pero negó su responsabilidad en las acusaciones ya que “cada departamento” era independiente y ella trabajaba en urbanismo. “Mi padre tenía diversas opciones de negocio. Realmente no había nadie que coordinara los departamentos”, insistió, en la misma estrategia que sus hermanos. “Nunca había reuniones del consejo de administración. Los asesores no mostraban las liquidaciones”, expresó, al tiempo que dio un nombre, el de Antonio Martínez, como responsable de la contabilidad de todas las empresas de la familia.

La vista ha concluido poco antes de las 13:00 y se ha aplazado al miércoles, cuando se reiniciará con la declaración de los diferentes testigos propuestos por todas las partes.

El fraude que se juzga está valorado en 58,1 millones de euros. Por eso, la Fiscalía también reclama durante el juicio a Gómez el pago de una indemnización que es el séxtuplo de lo supuestamente defraudado, lo que sumaría la astronómica cifra de 348 millones de euros. Sus cuatro hijos estarían condenados a pagar cinco veces lo defraudado: 290,5 millones de euros.

El exconcejal y empresario se enfrenta a una pena de cárcel de 44 años acusado de haber cometido un total de 11 delitos contra la Hacienda Pública, según la acusación de la Fiscalía Provincial y la Abogacía del Estado. Además, la Fiscalía Provincial también pide una pena de 22 años de cárcel para cada uno de sus cuatro hijos, a los que acusa de haber participado junto a su padre en un megafraude a través de las empresas por el que dejaron de pagar impuestos a la Hacienda Pública. El fraude está valorado en 58,1 millones de euros. Por eso, la Fiscalía también reclamará durante el juicio a Gómez el pago de una indemnización que es el séxtuplo de lo supuestamente defraudado, lo que sumaría la astronómica cifra de 348 millones de euros. Sus cuatro hijos estarían condenados a pagar cinco veces lo defraudado: 290,5 millones de euros.

Uno de los argumentos de la defensa ha sido la prescripción de los delitos fiscales, a tenor de lo visto en el farragoso proceso de instrucción que se ha desarrollado en estos años en el juzgado y que ha estado en varias ocasiones amenazado de caducidad y paralizado por los constantes recursos de los letrados del empresario que, finalmente, se va a tener que sentar en el banquillo de los acusados con la amenaza, muy real, de tener que ingresar en la cárcel.

Según el auto judicial, adelantado en su día por este periódico, varias de las empresas vinculadas a la familia Gómez no abonaron el Impuesto de la Renta sobre las Personas Físicas (IRPF) de los años 2003, 2004, 2005 y 2006. Tampoco se pagó el importe del impuesto de sociedades entre los mismos ejercicios, que coinciden con los años de esplendor de las empresas de Rafael Gómez, que fue arrestado en 2006 por el caso Malaya y cuya condena se ratificó en julio del año pasado por parte del Tribunal Supremo.

En concreto, “la imputación de defraudación a la Hacienda Pública”, que así lo llama el juez, afecta a un total de cuatro empresas de la familia de Rafael Gómez: Arenal 2000, Arenal 2001, Arenal 2000 de Inversiones y Grupo Inversor Arenal 2000.

El auto desgranó en su día el importe concreto de las cantidades supuestamente defraudadas. De esta manera, y en lo que se refiere al impuesto de sociedades, el Grupo Inversor Arenal 2000 no habría abonado 1,03 millones del ejercicio 2004 y 15,4 millones del ejercicio 2006. Arenal 2000 Inversiones debería un total de 5,89 millones por el ejercicio 2005 y Arenal 2000 (que es la que más debe) un total de 3,49 millones del ejercicio 2003, 203.616 euros del ejercicio 2004 y 32,5 millones de euros por el ejercicio 2006. En el caso de Arenal 2001 se adeudarían 884.000 euros del ejercicio 2003, 903.107 euros del ejercicio 2004 y 6,44 millones de euros del ejercicio 2006. El Grupo de Empresas Rafael Gómez Sánchez no habría pagado los 390.000 euros correspondientes al ejercicio 2005 y el Grupo Inmobiliario Arenal 2000 debería otros 2,07 millones del año 2006.

En cuanto al IRPF, siempre tomando como base el auto judicial, se detalla que el propio Rafael Gómez debe en concepto de IRPF un total de 211.293 euros en 2003, 844.912 en 2004 y 1,03 millones en 2005. Su mujer, D. S. M., debería también en concepto de IRPF 211.000 euros del año 2003, 857.000 del año 2004 y 803.000 del año 2005. Su hija E. G. S. también aparece en el auto por un débito de IRPF de 129.883 euros del año 2005.

En cuanto al Impuesto sobre el Patrimonio, el magistrado estimó que Rafael Gómez debe 740.000 euros del ejercicio 2004 y su mujer (que ha quedado absuelta durante el complejo proceso de instrucción judicial) 677.000 del mismo año. Por último, se detalla otro débito con la Agencia Tributaria referido al ejercicio 2004 en el que no se habría aplicado retención por IRPF a la sociedad Mezquita Sur de Inversiones (la que construyó las naves de Colecor) por un total de 1,1 millones de euros.