Los funcionarios de la prisión acampan para denunciar el “abandono” de la administración

“Nos sentimos abandonados por la administración, que ha priorizado la subida salarial de otros departamentos como la Policía Nacional y la Guardia Civil; nos sentimos también abandonados por los sindicatos; y finalmente, también nos sentimos abandonados o desconocidos por la ciudadanía, que muchas veces no sabe ni cuál es nuestro trabajo, que no deja de ser un mandato constitucional: el de trabajar en la reinserción”, explica Jesús Márquez, un funcionario de prisiones que trabaja en la cárcel de Alcolea.

Márquez, junto con una veintena de compañeros llevan acampados desde las 7:00 a las puertas de este centro penitenciario para protestar por su situación laboral. Una protesta asamblearia previa a la huelga anunciada en todas las prisiones dependientes del Ministerio del Interior para los días 24 y 26 de octubre, y 6, 8, 13 y 15 de noviembre, y que llega después de que se hayan roto las negociaciones entre los sindicatos y el Gobierno para cuadrar una subida salarial.

El portavoz de la acampada ha aclarado que, si bien la subida salarial es parte importante de las demandas del colectivo, no es ni mucho menos lo único que se le está pidiendo al Gobierno. La otra pata de la negociación está en la apertura de un proceso de incorporación de efectivos al cuerpo, que permita rejuvenecer la plantilla y cubrir las “casi 3.400 plazas que faltan por cubrir en la Relación de Puestos de Trabajo”.

Así, a nivel nacional, Márquez critica que la oferta de empleo ha sido “normalmente baja” en los últimos años, en los que “no se han cubierto ni las jubilaciones”. De modo que, a su juicio, no solo faltan vigilantes, sino que “faltan médicos, psiquiatras o enfermeros”. En Córdoba, el portavoz calcula que hay “unos 30 funcionarios menos de los que debería haber en vigilancia”, una situación que “se ha paliado en parte con funcionarios en prácticas”.

La plantilla con la que cuenta la prisión de Alcolea es de más de 450 funcionarios, según señalan desde la asamblea, y se encarga de la vigilancia de cerca de 1.200 recursos y cobra una media de 1.600 euros. El problema, según precisan, es que existen notables diferencias salariales entre quiénes trabajan en los módulos de peligrosidad dentro de una propia prisión, así como entre distintas cárceles, debido a un sistema heredado de los tiempos del terrorismo de ETA y que premia salarialmente los empleados de las tres prisiones del País Vasco y Navarra, cuando, en la práctica, la peligrosidad es la misma ya en todos los centros.

“Nosotros nos enfrentamos a musulmanes, terroristas, albanokosovares... La población reclusa ha cambiado mucho en estos años y nosotros no hemos tenido formación para adaptarnos a ello”, denuncia Márquez, que sostiene que, en la actualidad, hay “unas 400 agresiones cada año en las 84 prisiones” del Ministerio del Interior, que cuenta, además, con “la mitad de la plantilla con edades superiores a los 52 años”.

Ante esta situación, una veintena de funcionarios de la prisión de Córdoba van a protagonizar la acampada hasta el próximo jueves, en horario de 7:00 a 23:00, al tiempo que solicitarán una reunión con la Subdelegación del Gobierno para abordar la situación de los trabajadores de la cárcel de Alcolea.