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El Europarlamento pide investigar dónde está un fusilado cordobés

Trabajadores de Aramehisa trabajando con los restos encontrados en la fosa común de Aguilar FOTO: MADERO CUBERO

Alfonso Alba

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Los familiares han recurrido a Europa después de no ser atendidos ni por los juzgados de Posadas ni por los de Córdoba

El Parlamento Europeo ha acordado (por unanimidad) exigir a las autoridades españolas que investiguen dónde está enterrado Anselmo Guillermo Gómez Bermúdez, natural de Posadas y vecino de Palma del Río, ex juez de paz, secretario y tesorero de PSOE local, que fue encarcelado en la prisión provincial y posteriormente fusilado en Córdoba el 19 de agosto de 1936. Los familiares de este represaliado de la Guerra Civil han tenido que acudir a Bruselas después de que ni el Juzgado de Posadas ni los de Córdoba se mostraran competentes y negaran el acceso a documentación a los descendientes de este fusilado.

La presidenta de la Comisión Europarlamentaria, Erminia Mazzoni, ha exigido al Ministerio de Justicia que “cumpla los deberes de una autoridad democrática” y haga todo lo posible porque esta familia pueda trabajar para encontrar los restos de su padre y abuelo. Esta decisión es un mazazo a otra que firmó la Comisión Europea el pasado mes de agosto y puede abrir la puerta a que se investiguen los crímenes del franquismo en España. En agosto de este año, la Comisión de Peticiones de la Comisión Europea aseguró que la institución comunitaria no era “competente” para investigar este caso, y recomendó a los familiares del fusilado que regresaran a los tribunales españoles.

Ahora, Bruselas considera que “no hay nada en la legislación europea que permita” intervenir porque el acceso a datos “estrictamente personales” afecta a la persona misma y “a ninguna persona más, por estrecha que sea su relación”. Durante la exposición del caso en la sesión europarlamentaria, un representante del Ejecutivo comunitario ha insistido en que los textos jurídicos de la UE “no permiten” actuar de manera diferente. Y ha recomendado a los peticionarios acudir al Tribunal de Derechos Humanos, organismo ajeno a las instituciones europeas, porque en él sí podrían encontrar “cierta jurisprudencia”.

La familia de Anselmo Gómez exigen que “el poder judicial, la policía y los cuerpos militares españoles hagan pública la documentación sobre familiares en casos similares al suyo” y que “el Gobierno español aplique un plan para identificar a quienes permanecen enterrados en fosas comunes de la Guerra Civil (incluidas pruebas de ADN)”, según consta en la petición que se ha aprobado en Bruselas.

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