Destapado un fraude por cobro de pensiones de personas fallecidas

Agentes de la Policía Nacional han llevado a cabo en la provincia de Córdoba y otras zonas del territorio nacional la Operación Libitina, que ha destapado el cobro indebido de pensiones del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), cuantificándose el fraude total en cerca de dos millones de euros. Los presuntos autores de este fraude cobraban pensiones de personas ya fallecidas.

Las investigaciones comenzaron a principios del presente año mediante el requerimiento de actuación a la Sección de Investigación de la Seguridad Social por parte del Instituto Nacional de la Seguridad Social, con la información obtenida de las entidades financieras a requerimiento de la Tesorería General la Seguridad Social en su condición de pagador, al haber detectado varios casos en los que seguía abonándose las mensualidades de la prestación a personas fallecidas, siendo sus actuales perceptores quienes mediante la simulación, o falseamiento, de la vivencia de las personas muertas seguían beneficiándose de esta ayuda económica.

Con anterioridad al establecimiento de los controles actuales por parte de la Administración, la labor de detección de fallecimientos era bastante tediosa y compleja, apareciendo a fecha de hoy defunciones de pensionistas no detectados en su momento a los que se les ha seguido abonando la pensión en los años posteriores, según ha informado el cuerpo policial.

Una vez confirmada la existencia de las irregularidades delictivas, por parte de la Sección de Investigación de la Seguridad Social, se coordinó un dispositivo policial que englobaba a las provincias de Alicante, Almería, Cantabria, Córdoba, Las Palmas, Lérida, Lugo, Madrid, Málaga, Pontevedra y Valencia, que culminó con la implicación de los investigados por delitos de fraude de prestaciones, estafa y falsedades documentales.

Se han revisado 27 expedientes, siendo investigadas 62 personas, de las que resultaron implicadas 19 de ellas por el fraude de 1.932.211,27€ al Instituto Nacional de la Seguridad Social. Los responsables del delito han resultado ser familiares de las personas fallecidas, siendo estos principalmente hermanos/as, hijos/as y sobrinos/as.

Se ha dado la circunstancia, que en ciertos expedientes los causantes de la actividad delictiva se encontraban ya fallecidos, por lo que si bien se dio cuenta al Juzgado, no se ha podido tomar declaración a ningún responsable. En todos los casos se ha realizado un informe patrimonial de las personas implicadas, con el fin de que la Tesorería General de la Seguridad Social pueda solicitar el embargo de aquellos bienes que considere oportuno, o en su caso el Juzgado que entienda de cada una de las causas pueda utilizarlos con el fin de cubrir las responsabilidades oportunas.