El Defensor del Profesor registra un 23% de casos de acoso tecnológico de alumnos

Una persona usando un móvil.

El informe del curso 2017-18 de El Defensor del Profesor en Andalucía, servicio incardinado dentro del sindicato ANPE para la asistencia jurídica y psicológica a los docentes víctimas de situaciones derivadas de la conflictividad escolar, existente desde el año 2005, ha registrado un 23 por ciento de casos de acoso tecnológico al profesorado por parte del alumnado, en una dinámica “creciente”.

Son datos dados a conocer este martes por la coordinadora autonómica de El Defensor del Profesor en Andalucía, María Ángeles Guzmán de Quero, que recuerda que a lo largo de su ya consolidada trayectoria el servicio ha atendido “numerosísimos” casos procedentes de los puntos más diversos de Andalucía.

En cuanto a la distribución provincial de los mismos, en el pasado curso académico destaca Málaga como provincia donde la incidencia fue “sensiblemente superior” a la media autonómica. Por el contrario, Jaén y Córdoba fueron las provincias en las que el servicio recibió menos denuncias.

Por etapas educativas, un 52 por ciento por ciento de los casos se han producido en Educación Infantil y Primaria, un 36 por ciento en ESO y Bachillerato y un 12 por ciento en Formación Profesional, Educación Permanente y Enseñanzas Artísticas y de Idiomas.

En cuanto al origen de la conflictividad, el 43 por ciento de los casos atendidos se relaciona con situaciones ocurridas con el alumnado, el 27 por ciento con las familias y el 30 por ciento con problemas con otros docentes, en especial miembros de equipos directivos, y con la administración educativa.

Por lo que respecta a los hechos protagonizados por el alumnado, un 67 por ciento de los casos están relacionados con las dificultades para desarrollar con normalidad la labor docente, ligadas a menudo a faltas de respeto y agresiones verbales sufridas por el profesorado. Esta violencia se manifiesta de un modo más extremo mediante agresiones y daños en propiedades del profesorado --el 10 por ciento de los casos--.

En cuanto a los hechos protagonizados por familiares de los alumnos, un 56 por ciento de los casos se corresponde a falsas acusaciones y denuncias; un 30 por ciento a situaciones de acoso y amenazas por diversos medios, incluidos los tecnológicos; un 10 por ciento a presiones para modificar notas; y el 4 por ciento restante a agresiones.

Rango de autoridad

Desde ANPE y El Defensor del Profesor, manifiesta el sindicato en una nota, se entiende que para avanzar en la reducción de los problemas de convivencia en las aulas andaluzas es necesaria una mayor dotación de recursos tanto en formación del profesorado en resolución de conflictos como en la atención al alumnado con mayores necesidades educativas.

Igualmente, la central sindical sigue exigiendo a la Junta de Andalucía que dote al profesorado de autoridad pública en el ejercicio de su función a través de una norma con rango de ley, tal y como ocurre en otras comunidades autónomas.

Otra de las reivindicaciones de ANPE es la reducción de la creciente carga burocrática que lastra el ejercicio docente, mientras que, a nivel estatal, se demanda al Ministerio de Educación y Formación Profesional que elabore e implante, en colaboración con las comunidades autónomas, un Plan Estratégico de Mejora de la Convivencia Escolar que armonice la actual dispersión y disparidad normativa en materias fundamentales como la prevención del acoso, las sanciones a las conductas contrarias a la convivencia, la asistencia jurídica y psicológica a las víctimas de la violencia en el ámbito escolar, la reeducación de los agresores o la autoridad del profesorado.

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