El Defensor actúa de oficio contra el “aumento” de agresiones a sanitarios

La Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, dirigida en funciones por Jesús Maeztu, ha iniciado una actuación de oficio dirigida a la Consejería de Salud para que concrete las medidas adoptadas para el cumplimiento del Plan de prevención y atención de agresiones a los profesionales del Sistema Sanitario Público de Andalucía, tras el “aumento” de las mismas en 2017.

Así, según el texto de la queja, consultado por Europa Press, la Oficina del Defensor asegura que si bien la violencia en el entorno laboral afecta prácticamente a todos los sectores profesionales, en el sector de la atención de salud esta situación “se ha extendido con gran rapidez”.

En este sentido se refiere al Programa sobre la violencia laboral en el sector de la salud elaborado conjuntamente por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Consejo Internacional de Enfermeras (CIE) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), en el año 2002, que señala que “la violencia en este sector puede ser casi la cuarta parte del total de la violencia que tiene lugar en el trabajo a nivel mundial”.

Y añade que en dicho Programa se pone de manifiesto que ante “la creciente presión de las reformas y tensión del trabajo, la inestabilidad social y el deterioro de las relaciones personales, la violencia laboral se extiende rápidamente en el sector de salud”, y que, “cada vez más, la violencia doméstica y la violencia callejera pasan a las instituciones de salud”.

De esta manera, la Defensoría señala que estas conclusiones “se han venido constatando” en el funcionamiento del Sistema Sanitario Público andaluz, que “ha asistido, en los últimos años, a un considerable aumento de los casos de violencia hacia el personal sanitario, tanto física como verbal, por parte de los usuarios y de sus acompañantes o familiares”.

Así, destaca que según datos del Observatorio Nacional de Agresiones, creado en el año 2010 por la Organización Médica Colegial (OMC) ante el aumento de las agresiones a estos profesionales, en el periodo 2010-2017, se produjeron un total de 3.429 agresiones a personal médico, de las que 799 (el 23,30%) se produjeron en Andalucía.

Por su parte, añade que el Consejo Andaluz de Colegios de Médicos (CACM) ha hecho públicas las cifras de agresiones a médicos registradas en Andalucía en el año 2017, señalando que de las 515 contabilizadas en España, en esta comunidad ascienden a 122 casos, frente a los 102 del año anterior.

Igualmente, apunta que las organizaciones colegiales y sindicatos de enfermeros “también registraron un alto número de agresiones” a estos profesionales en los últimos años, lo que ha llevado al Colegio Profesional a crear otro Observatorio Nacional de Agresiones a Enfermeros y Enfermeras, además de la creación de la Asociación Nacional para la Seguridad Integral en Centros Hospitalarios (Ansich).

Dicha Asociación considera que “el índice de agresividad ha aumentado de forma significativa y se estima que el 80% del personal sanitario ha sufrido algún tipo de agresión verbal o física”. Además, en relación con este problemática, otro dato significativo lo aporta el Servicio Andaluz de Salud (SAS) cuya Asesoría Jurídica, en el año 2017, “realizó 164 asistencias letradas y logró 154 sentencias condenatorias frente a estas agresiones”.

En definitiva, Maeztu apunta que la preocupación ante el crecimiento de estas situaciones de violencia y agresiones al personal sanitario ha dado lugar a que proliferen diversas iniciativas para la protección y ayuda a los profesionales, entre la que cabe destacar la adopción por la Consejería en 2005 de un Protocolo de prevención y atención de agresiones para los Profesionales del Sistema Sanitario Público de Andalucía.

No obstante, señala que por parte de organizaciones profesionales y sindicales del sector se ha trasladado a la Defensoría la preocupación por el aumento de conductas violentas contra el personal sanitario a pesar de las medidas adoptadas.

El Defensor destaca que ante esta situación, considerada por la OMC como una “lacra que afecta a la sanidad”, ve oportuno conocer el estado actual de esta situación y valorar la “efectividad” del Protocolo adoptado por el SAS para prevenir y corregir estas situaciones, así como las medidas e iniciativas que se puedan adoptar para ello, para lo cual ha iniciado esta actuación de oficio dirigida a la Dirección General de Profesionales del SAS.

Maeztu quiere conocer así las medidas adoptadas en materia de prevención; atención a los profesionales; acciones para con el agresor; plan de comunicación; y datos de evaluación y seguimiento del Plan que “permita contar con los datos necesarios para su valoración y poder adoptar una decisión al respecto”, concluye.