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Crespo se reúne con alcaldes para tratar los fondos Miner

Crespo, y el subdelegado del Gobierno en Córdoba, Juan José Primo, junto a las alcaldesas de los municipios cordobeses de Bélmez, Aurora Rubio y Peñarroya, María Gil

Redacción Cordópolis

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La delegada del Gobierno en Andalucía dice que el problema con estas partidas es fruto de “una situación heredada”

La delegada del Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo Díaz, ha anunciado hoy que el Ministerio de Industria va a adoptar las medidas necesarias para que Andalucía pueda acceder a los fondos Miner, a través de un Real Decreto Ley que actualmente se encuentra en redacción y

que verá la luz en próximas fechas.

La delegada ha manifestado que “esta decisión abre la puerta a que municipios andaluces puedan volver a presentar proyectos que permitirán la creación de empleo y generarán desarrollo”, además, ha apuntado que dichos proyectos se financiarán con cargo a los Presupuestos Generales del Estado de 2014. Para la delegada esta solución “pone de manifiesto la apuesta del Gobierno y del Ministerio de Industria por las posibilidades de nuestra tierra”.

Crespo ha hecho estas manifestaciones tras una reunión mantenida en Madrid con el gerente del Instituto de Restructuración y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras, Juan Miguel Benítez, a la que también han asistido el subdelegado del Gobierno en Córdoba, Juan José Primo y las alcaldesas de los municipios cordobeses de Bélmez, Aurora Rubio y Peñarroya, María Gil.

La delegada ha calificado este hecho como una “magnífica noticia” que beneficiará al valle del Guadiato (Córdoba) y que es “resultado de un intenso trabajo para buscar soluciones a una situación heredada de una mala gestión del anterior gobierno”.

En este sentido, ha valorado positivamente el esfuerzo realizado por parte del Ministerio de Industria, especialmente de la Secretaría de Estado de Industria para “solucionar un problema que nos encontramos al llegar”, recordando que

“el anterior Gobierno dejó los convenios pertinentes sin firmar, lo que ha provocado que los ayuntamientos afectados no puedan ejecutar los proyectos previstos en tiempo y forma”, poniendo así “fecha de caducidad a la realización de proyectos y perjudicando su desarrollo”.

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