Los condenados por las facturas falsas de Baena evitarán la cárcel

La Audiencia Provincial condena a un año de cárcel a dos funcionarios del Ayuntamiento y a ocho meses al empresario con el que pactaron la trama

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba ha decidido condenar a los tres procesados por la trama de facturas falsas en el Ayuntamiento de Baena, entonces gobernado por el socialista Luis Moreno, aunque los condenados logran evitar pisar la cárcel. Los magistrados han dictado una pena de ocho meses de prisión para el empresario Antonio Jesús Gómez Rosa y de un año de cárcel para Rafael Santano Cañete, funcionario administrativo del Ayuntamiento de Baena y secretario del exalcalde de Baena Luis Moreno (PSOE); Juan Díaz Pérez, funcionario administrativo del Ayuntamiento de Baena. El primero está condenado por ser el autor de un delito continuado de falsificación de documento mercantil. Los segundos por otro de estafa y también de falsificación de documento mercantil.

Los procesados y la Fiscalía pactaron una condena de seis meses de prisión por cada uno de los encartados, y el pago de una indemnización de 10.000 euros. La acusación particular rechazó el pacto y solicitó una pena de nueve años de prisión para cada uno de los acusados. El juicio se iba a celebrar con un jurado popular, pero tras el pacto inicial entre las tres defensas y la Fiscalía, y la confesión de los acusados, todas las partes han entendido que su presencia no era necesaria. Finalmente, los magistrados de la Sección Tercera han tomado una decisión salomónica: ni los seis meses que pactaron con la Fiscalía ni los nueve años que pedía la acusación particular. No obstante, los magistrados sí que aceptan que se abone una indemnización de 10.000 euros, cuando el fraude estimado era de unos 40.000 euros.

Los magistrados de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba entienden, como argumentó la Fiscalía y también la defensa de los acusados, que en el proceso ha habido una dilación del proceso achacable a la administración de justicia que ha provocado que la sentencia llegue nueve años después de cometido el delito. En estos casos, existe jurisprudencia que señala que se debe rebajar la pena. La Fiscalía entiende que el caso debería haber sido juzgado hace cinco años y que entonces sí que procedía interponer la pena de cárcel. Las tres defensas se han sumado a este escrito y los acusados se ratificaron en su confesión, en los que han reconocido los hechos de los que se le acusa.

Mientras, la acusación particular mostró su rotundo rechazo al acuerdo y a la tesis de la Fiscalía. Así, el abogado de la acusación particular ha sostenido que la dilación del proceso es totalmente achacable a los tres acusados, que en su legítimo derecho de defensa no han dejado de presentar alegaciones y recursos ante todos los pasos que se iban dando. De hecho, este abogado ha asegurado que “tres años y medio después” de iniciada la causa, ya se había instruido en su totalidad e iba a ser juzgada. No obstante, se trasladó a juicio con jurado. A partir de ahí, sostuvo, los acusados alegaron y solicitaron nuevas pruebas e informes. Una prueba consistió en demostrar que las grabaciones que hizo la Guardia Civil se correspondían con la voz de los encargados. Finalmente, tras varios recursos, se dictó inicio de juicio en 2015 pero un nuevo recurso lo volvió a retrasar a finales de este año. Por ello considera que se les debe condenar a nueve años de cárcel a cada uno toda vez que ya han reconocido los hechos.

Según los hechos investigados, y afirmados ya por los propios acusados en su pacto con la Fiscalía, Antonio Jesús Gómez Rosa realizaba, desde el año 2000, obras menores para el Ayuntamiento de Baena y mantenía una relación continúa y habitual con el Consistorio para el cual realizaba obras menores en el cementerio, en calles, en instalaciones deportivas y en otros espacios públicos y presentaba continuamente facturas.

Rafael Santano Cañete, como secretario del alcalde, se habría ofrecido “a dar un trato de favor a Antonio Jesús Gómez Rosa”, para agilizar el cobro de las facturas presentadas al Ayuntamiento de Baena por las obras realizadas siempre que este empresario las emitía por las cantidades que le indicaran los dos funcionarios procesados a nombre del Ayuntamiento de Baena por trabajos que no iba a realizar y por materiales que no iba a usar. “Todo ello, cuidando que las facturas se refirieran a obras menores o de urgencia, o suministro de materiales de escasa cuantía, con el fin de obviar el correspondiente expediente de contratación conforme a lo dispuesto en la legislación administrativa aplicable”.

Una vez que el empresario cobrara el importe de las facturas y descontara el importe correspondiente al Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), entregaría en mano la cantidad restante a los dos funcionarios acusados.

La instrucción llevada a cabo por el juez de Baena aporta facturas de estos hechos de los años 2005, 2006 y 2007. Los delitos por los que son acusados son falsificación de documento mercantil y oficial, y un delito continuado de estafa.

El procedimiento, que consta de más de 16 tomos de instrucción, comenzó en el año 2007 con la investigación de una presunta trama constituida entre las tres personas acusadas para tramitar y cobrar facturas con cargo al Ayuntamiento de trabajos que nunca se realizaron. Los presuntos delitos en los que se ha podido incurrir en hechos repetidos entre 2005 y 2007 son: estafa y flasificación continuada y malversación de caudales públicos.

Una de las ultimas diligencias prácticadas en esta investigación ha sido una prueba pericial, solicitada a la Guardia Civil, sobre el reconocimiento de voz a partir de las grabaciones teléfonicas obtenidas.

Ésta es una causa que se deriva de una denuncia presentada en el verano de 2007 por el ex alcalde de Baena Carlos Arenas, su esposa María Jesús Muñoz y el particular Manuel Luque. A raíz de esta denuncia y su posterior investigación, el juez decidió instruir una segunda causa judicial sobre una supuesta trama de facturas falsas, después de escuchar la denuncia de un empresario que posteriormente se desdijo ante el tribunal.

Según una calificación de la Fiscalía Provincial de Córdoba, Antonio Jesús G. R., propietario de una empresa de carpintería metálica, concertó con estos dos funcionarios municipales -uno de ellos era en esa fecha el secretario personal del propio alcalde, Luis Moreno- la elaboración de las facturas de una obras por contratos menores que no se habían realizado por un valor aproximado de 38.000 euros entre 2005 y 2007.