Comienza este lunes el juicio a la 'manada' por la violación múltiple de Pamplona

El juicio contra los cinco sevillanos -uno de ellos guardia civil en Pozoblanco (Córdoba)- acusados por la supuesta violación de una joven madrileña de 18 años la madrugada del 7 de julio de 2016 en Pamplona, en plenos Sanfermines, comienza este lunes. Las vistas serán a puerta cerrada para preservar la intimidad de la víctima. Así lo solicitaron la chica que sufrió el asalto y dos de los acusados.

A pesar de la falta de acceso, una treintena de medios de comunicación y más de sesenta periodistas se han acreditado para la decena de vistas que se espera que tenga un juicio para el que el Ministerio Fiscal ha solicitado un total de 22 años y 10 meses de prisión para cada uno de los cinco acusados.

La víctima tendrá que acudir a la sala de vistas a prestar un testimonio que todas las partes consideran clave para la resolución final pues puede servir para dilucidar si el asalto fue una violación o, como dice la defensa, formó parte de unas relaciones sexuales consentidas.

En la resolución recogida por Europa Press, contra la que no cabe recurso, la Sección Segunda de la Audiencia de Navarra, el tribunal que va a juzgar el asunto, rechaza la pretensión formulada por el Ministerio Fiscal, la acusación particular y las acciones populares -Gobierno de Navarra y Ayuntamiento de Pamplona- de que la declaración testifical de la denunciante se practique mediante la utilización de medios técnicos que hagan innecesaria su presencia en la sala de vistas, una petición a la que se oponían los inculpados.

A este respecto, el tribunal, ponderando los intereses en conflicto, estima prevalente su declaración “presencial”. Según argumenta, la finalidad de protección latente en la medida que se pretende puede ser alcanzada con el establecimiento de otras medidas menos gravosas.

De este modo, para evitar el contacto visual entre la denunciante y los procesados durante su declaración, el tribunal sentenciador ha acordado que estos sigan el desarrollo del interrogatorio “desde otra sala y mediante videoconferencia, garantizando la adecuada comunicación con sus letrados siempre que fuera necesaria”.

En el auto, los tres magistrados han rechazado incorporar como prueba todo el material que guarde relación con el contenido extraído de los móviles de los procesados, salvo los archivos y contenidos generados en esos teléfonos el mismo 7 de julio de 2016 hasta el momento en que esos terminales fueron incautados por la policía con motivo de sus detenciones.

“En consecuencia, no se admite prueba alguna que guarde relación con el contenido que se rechaza o con las diligencias derivadas y/o practicadas en relación con el material excluido”, recalca el tribunal, que añade que el material probatorio excluido no guarda relación con los hechos que son objeto de enjuiciamiento, por lo que carece en consecuencia de pertinencia, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Navarra.