CCOO calcula en 950 los empleos públicos destruidos en 16 meses en Córdoba

Reciente protesta ante la sede de la Junta convocada por CCOO.
El sindicato reclama que las reformas en la administración pública se dialoguen con los agentes sociales

La Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO ha afirmado que el Gobierno, a través de la Reforma de las Administraciones Públicas, pretende “podar de forma importante la administración pública, pese a que se ha reconocido por la UE que España es uno de los países de Europa con menor gasto público. De hecho, analiza el sindicato, que en 2013 el gasto de las administraciones públicas supuso el 40% del PIB, frente al 47% de media de la zona euro, y hay que recordar que dos tercios de ese presupuesto van destinados a gasto social y servicios públicos básicos”.

El secretario general de Servicios a la Ciudadanía de CCOO en Córdoba, Luis Mena, ha explicado que desde enero de 2013 hasta abril de 2014 se han destruido 950 empleos públicos en Córdoba “fruto del cese y despido de trabajadores de ayuntamientos y diputación provincial, con la supresión de empresas públicas y organismos municipales, recorte de plazas en ayuntamientos de la capital y provincia, en centros para personas con discapacidad, supresión de plazas en residencias de ancianos, despidos en empresas municipales, etcétera”. Además CCOO, como sindicato mayoritario en la función pública, considera “imprescindible que las reformas o supresiones de las administraciones públicas estén basadas en el diálogo y que haya una participación de los agentes sociales de forma efectiva, con el mismo conocimiento de la información por todas las partes, ha afirmado Mena.

CCOO critica que el Gobierno haya situado su proyecto únicamente en el plano económico, entre otras razones, “porque pretende centralizar el gasto y reducir el déficit por encima de algo fundamental para CCOO, como es la necesidad de reactivar la economía y la creación de empleo en el sector público”, ha resaltado el representante sindical.

Para el sindicato, la reforma de la Función Pública supone “un hachazo considerable” para las corporaciones locales y empresas públicas municipales de Córdoba que menoscaba gravemente el nivel competencial, la capacidad organizativa y la prestación de servicios desde el sector público, desviando servicios hacia sectores privados.

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