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Calculan en un millón el fraude del notario Alburquerque

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Alfonso Alba

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El caso recae en el Juzgado de Instrucción seis, que está llamando al centenar de afectados para que ratifiquen sus denuncias | El notario declarará a finales de septiembre

Un centenar de afectados y un fraude de un millón de euros. Ese es, a grandes cálculos, el supuesto fraude que se calcula que originó la notaría de Carlos Alburquerque entre los años 2009 y 2015. El notario, jubilado desde el año pasado, tendrá que declarar a finales de mes ante el Juzgado de Instrucción número seis de Córdoba, que es el órgano que ha asumido la megacausa cuya investigación arrancó en 2015.

Este viernes, una veintena de afectados se concentró ante la sede de la antigua notaría de Alburquerque (ya no hay cartel en la puerta) reclamando la devolución de su dinero. También denunciaron la lentitud de la justicia (el caso no ha tomado velocidad hasta ahora pese a que se denunció el año pasado) y que las compañías de seguros no han afrontado el pago de la deuda en muchos casos.

Durante estas semanas, el centenar de afectados, que calculan una deuda total que ronda el millón de euros, ha ido pasando por el Juzgado de Instrucción número seis de Córdoba a ratificar las denuncias que presentaron en su día. El objetivo del Juzgado es unificar las denuncias, que fueron interpuestas ante diferentes órganos. Una vez unificadas, tomará declaración al notario a finales de mes y decidirá si le impone medidas cautelares o no.

Los afectados han denunciado que el fraude consistía en que ellos abonaban un dinero por “unos trámites que obligatoriamente tenían que pasar por un notario” como el pago de una plusvalía, por ejemplo, y que éste finalmente no lo liquidaba. Los afectados se enteraban cuando el Ayuntamiento o Hacienda acaba reclamando la deuda. De hecho, en algunos casos han sido multados por la administración al no atender sus obligaciones tributarias, que habían puesto en manos del notario.

En la mayoría de los casos, los débitos por cada uno de los afectados no supera los 15.000 euros. No obstante, calculan que en algunos casos sí que es superior. Las deudas mayores de esta cantidad sí que están siendo atendidas por las compañías de seguros. Las menores, hasta que no exista una condena firme por lo penal no podrán ser abonadas.

Además, los afectados, que no se han constituido en colectivo, denuncian la indefensión que les supuso acudir al Colegio de Notarios de Andalucía. Según consta en un escrito de respuesta, al que ha tenido acceso este periódico, este colegio no puede hacer nada contra el acusado, al haberse jubilado justo al cumplir los 70 años. Tampoco reclamarle el pago de la deuda, ya que la notaría está cerrada. “Solo hemos podido recoger nuestras escrituras”, denunciaban los afectados a las puertas de lo que fue una notaría en la avenida del Gran Capitán.

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